La disputa por el arroyo Bruno se mantiene viva
Sus defensores piden que vuelva a su cauce natural, pero Cerrejón insiste en que el nuevo lecho ha recuperado su flujo y que el proyecto fue ejecutado con los “más altos estándares”.
La controversia por la desviación del arroyo Bruno, se avivó esta semana entre quienes piden que este vuelva a su cauce natural y Cerrejón, que insiste en lo vivo que está este cuerpo de agua del departamento de La Guajira, a pesar de su intervención.
Desde que la multinacional carbonera anunció, hace cinco años, la implementación del proyecto, que incluyó una modificación parcial del arroyo moviéndolo 700 metros al norte un tramo de 3,6 km, líderes, comunidades, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos, se opusieron y comenzaron una lucha jurídica para evitar su implementación.
El resultado de esta gestión fue la Sentencia de la Corte Constitucional SU-698 de 2017, a través de la cual se determinó como medida provisional la devolución de las aguas del arroyo hacia su cauce natural, sobre el principio de precaución y preservación de la integridad ambiental del arroyo Bruno.
El alto tribunal concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud, ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno a cargo de la multinacional.
El líder Luis Misael Socarrás Ipuana es uno de los defensores del arroyo y ha exigido permanentemente y de manera contundente que este debe retornar a su cauce natural. Además advierte que “Cerrejón no consultó a todas las comunidades y los estudios que muestra son del nuevo cauce, pero no informan sobre el daño ambiental y ecológico que hicieron en el cauce natural del arroyo” que nace en la parte alta de la Serranía del Perijá y se encuentra en los límites entre los municipios de Maicao y Albania.
Hace poco la líder wayuu, Jazmín Romero Epiayu, compartió imágenes del lugar de nacimiento del arroyo Bruno y afirmó que “estos gobiernos conocen el contexto de la crisis sobre estrés hídrico que sufre La Guajira, en donde hemos enterrado a más de 5.000 niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres wayuu y no wayuu, producto de la hambruna y sequía que vive el territorio, pero avalan la desviación del Bruno que representa la desaparición de un pueblo, que vive y se alimenta de sus aguas. El desvío del arroyo Bruno significa la destrucción del sueño wayuu junto a sus sitios sagrados”.
En toda esta disputa entró a participar la Contraloría General de la República, que en un informe de auditoría de cumplimiento de la Sentencia SU-698 de la Corte Constitucional, en julio de 2020, advirtió que las medidas de compensación del impacto ecológico de esta decisión en la región, tomadas por Cerrejón, no han sido las más adecuadas.
En el informe, calificó la gestión del ministerio de Ambiente, la Anla y Corpoguajira, encargados de proteger el ecosistema, y de la minera, como “ineficiente”, encontrando un total de 14 hallazgos administrativos de los cuales siete tienen una posible connotación disciplinaria.
A pesar de la sentencia y las advertencias, las comunidades indígenas wayuu que habitan en la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural de Albania, advirtieron, el año pasado, sobre la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de Cerrejón.
Así lo denunciaron representantes del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP, de CENSAT y del Colectivo de Abogados CAJAR, luego de una visita que realizaron a la zona.
En abril de este año, también denunciaron que el Gobierno nacional había tomado la decisión de avalar la desviación del cauce natural del arroyo Bruno por parte de Cerrejón.
Según informaron líderes y organizaciones, “esta decisión está contenida en un estudio con insuficiencias técnicas y científicas, amañado, sin rigurosidad y con información predominante de la sociedad extranjera Carbones del Cerrejón, el cual no ha contado con la participación efectiva de las comunidades accionantes wayuu de Paradero y La Gran Parada, ni ha sido validado con los intervinientes técnicos, ni ha contado con la supervisión judicial”.
La Mesa Técnica Interinstitucional –de la cual hace parte Cerrejón– concluyó en este estudio que el arroyo permanecerá desviado en el canal artificial. “De esta manera, se da paso a que se ejecute el plan de la compañía transnacional de dinamitar el ecosistema de un tramo del cauce natural del arroyo para expandir la explotación de carbón”, aseguran.
Desde Suiza, donde está la sede de Glencore, propietaria de Cerrejón, el periodista Eliecer Jiménez, asegura: “Es un contrasentido que este sea el país de Europa más rico en recursos hídricos, lagos y ríos por doquier, que protege el medio ambiente, pero tiene en La Guajira la mina de carbón más grande a cielo abierto en una zona semidesértica, donde se padece con la escasez de agua”.
Cuando Cerrejón anunció la implementación de este proyecto, aseguró que se replicarían las condiciones físicas y bióticas naturales en la cuenca baja del arroyo, en predios de propiedad de la multinacional y ubicados dentro del área de sus títulos mineros.
Según explicó, el sector en el que se llevó a cabo el desvío era una antigua finca ganadera, llamada La Holandesa, en la que no había presencia de comunidades.
Ahora, con el inicio de la temporada de lluvias en La Guajira, afirma que el nuevo cauce del arroyo Bruno está muy vivo y que ha recuperado rápidamente su flujo, tal como lo hace normalmente. De acuerdo con datos del Ideam, este arroyo es de tipo estacional y registra anualmente un período húmedo durante los meses de abril a mayo y en los meses de septiembre a diciembre, y un periodo seco entre los meses de sequía en los períodos de enero a abril y de junio a septiembre.
“Las más de 19 campañas de monitoreo de fauna, hidrobiología y flora realizadas durante los cinco años siguientes a su modificación parcial, demuestran que el arroyo se ha convertido en un ecosistema que fortalece el corredor biológico de más de 25.000 hectáreas que conecta la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá”, asegura Luis Madriñán, gerente de Gestión Ambiental de la compañía.
Precisa que en la actualidad, el nuevo cauce es un ecosistema estabilizado que brinda diferentes funciones ecosistémicas en el territorio donde unas 390 especies de fauna han sido identificadas en la zona, dentro de las que se destacan cuatro avistamientos de jaguar, especie indicadora del buen estado del ecosistema, lo cual confirma que el arroyo mantiene las condiciones idóneas para que las diferentes especies encuentren refugio, agua y alimentación.
Añade que se han sembrado más de 12.000 árboles, y adicionalmente 2.000 han nacido naturalmente y pertenecen a cerca de 70 especies nativas, algunas en categoría de amenaza, como el roble, el ébano, el guayacán de bola, el carretonera, el puy y el ollita de mono, entre otras.
Así mismo, el arroyo ha mantenido su flujo de agua, incluso en temporadas secas, demostrando su nivel de estabilidad, capacidad de manejo de inundaciones y buen estado de su ronda hídrica.
“Para Cerrejón es un orgullo ver los resultados de un trabajo responsable, teniendo en cuenta cada detalle, lo que nos permite tener un ecosistema lleno de vida, con fauna, flora y recurso hídrico. Un ecosistema que brinda servicios de provisión, regulación, y soporte, y que además se ha convertido en un punto clave de conectividad para facilitar el tránsito de fauna entre Serranía del Perijá y el valle del río Ranchería. El arroyo Bruno está muy vivo”, afirma Madriñán.
Cerrejón ha insistido en que el proyecto, que contó con un minucioso diseño y ejecución, fue llevado a cabo bajo los “más altos estándares internacionales” y se ha convertido en un ejemplo de ingeniería ecológica en el país.
“Con las comunidades se han desarrollado diferentes iniciativas, como el establecimiento de acuerdos de conservación con Tigre Pozo y El Rocío que buscan proteger 235 hectáreas de bosques ubicadas en la cuenca media y alta del arroyo Bruno. Asimismo, con comunidades de Campo Herrera y La Horqueta, se adelantan sistemas agrosilvopastoriles y la creación de viveros comunitarios, entre otros”, asegura.
También afirma que el proyecto, licenciado y ejecutado con los más altos estándares sociales y medioambientales, está soportado por rigurosos estudios desarrollados por expertos nacionales e internacionales y fue objeto en 2016 de exhaustivas evaluaciones realizadas por la Mesa de Trabajo Interinstitucional ordenada por Tribunal Administrativo de La Guajira, la cual confirmó su viabilidad.
