El Heraldo
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La Guajira

Denuncian violación de derechos humanos en desalojo a comunidad wayuu

El Parlamento Internacional para los Derechos Humanos envió una comunicación a las autoridades colombianas.

La representante permanente y ministra del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) ante Canadá, Karla Henríquez Lozada y la  ministra para los Derechos Humanos y Gobierno del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) para Colombia, Karelys Elaine Palmar Pacheco, enviaron a las autoridades colombianas la denuncia por la violación a los derechos humanos de la comunidad indígena wayuu La Cachacha II Painwashi, que fue desalojada de su territorio, ubicado en área rural de Riohacha.

En una carta enviada a la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la secretaría de Asuntos Indígenas de La Guajira, la Fiscalía, la Presidencia de la República y otras instituciones, explicaron que son graves las situaciones de vulnerabilidad a las que han sido sometidos adultos, ancianos y niños “atentando contra la vida de seres humanos que ha sido desde generaciones pisatarios y poseedores de estos territorios ancestrales”.

Agregan que el mismo Estado, en las personas de los funcionarios del ESMAD, transgredió y vulneró la dignidad humana en contra de esta comunidad wayuu.

“Según informaciones de miembros de la comunidad, el ESMAD de la Policía Nacional llegó hasta el territorio indígena de La Cachacha II, portando armas de fuego y lanzando agentes químicos en contra de una población vulnerable conformada por niños, jóvenes y ancianos. “¿Dónde están los derechos de los niños? ¿Dónde está el ICBF?”, escribieron en la comunicación.

También explicaron que junto a los agentes de seguridad, ingresó una máquina tipo bulldoser, “que sin compasión alguna y ante la mirada impotente de los miembros de la comunidad, empezó a destruir las viviendas, tanque de reserva de agua, corrales de animales y todo lo que se encontraba a su paso”.

Las denunciantes afirman que este procedimiento de desalojo realizado por la Policía Nacional, a favor de los supuestos dueños, carecía de legitimidad, toda vez que no se contaba con la presencia del Ministerio Público, así como tampoco con la presencia del ICBF Regional la Guajira, para garantizar el derecho a los niños “quienes sin ningún pudor fueron maltratados y desalojados de sus viviendas. Uno de los infantes sufrió una grave hemorragia nasal a causa de los agentes químicos lanzados y asfixia, y peor aún que de parte de la Policía no se activó la respectiva ruta de primeros auxilios para garantizar la vida a este niño”.

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“Como Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, PIDH, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que se compadezcan ante estas graves transgresiones a los derechos humanos fundamentales de la comunidad wayuu como pueblo indígena sujeto de especial protección constitucional”, indican.

La organización indígena de Derechos Humanos Nación Wayuu también denunció el hecho y explicaron que el procedimiento de la Policía estaba siendo acompañado por una delegación de la secretaría de Asuntos Indígenas de Riohacha, “quienes solo se limitaron a decir que estaban allí para garantizar el desalojo a favor de los supuestos dueños”.

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