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Grupo de líderes de diferentes comunidades wayuu en la entrega del informe a la Comisón de la Verdad.
La Guajira

“Daños por violencia cruel con wayuu son irreparables”

El Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu presentó un informe a la Comisión de la Verdad en el que consignan las causas del conflicto armado en la etnia.

Lo más duro en la vida es abandonar nuestro territorio a causa del conflicto armado, es muy doloroso tener que iniciar una nueva vida lejos de la comunidad”.

Las palabras son de Álvaro Ipuana, cabildo gobernador del resguardo de Nuevo Espinal, una comunidad tres veces desplazada, y que después de 28 años ha podido establecerse en un territorio propio.

El primer desplazamiento forzado se dio en 1992 debido al riesgo que corrían en el municipio de Hatonuevo, por la explotación de carbón en el Cerrejón.

Las autoridades de salud declararon la región por como inhabitable porque había riesgos para la salud humana, vegetal y animal.

En Barrancas, donde se establecieron, fueron víctimas de la violencia, pues era una zona estratégica para el accionar de los grupos al margen de la ley.

Fernando Antonio Ipuana, autoridad tradicional de Nuevo Espinal, fue asesinado luego de ser aecuestrado y torturado. Doce familias tuvieron que huir y abandonar el territorio.

La comunidad recibió un nuevo golpe en junio de 2013 con el asesinato de los hermanos Ricardo y Tomás Martínez Epiayu. El doble crimen provocó el desplazamiento de los grupos familiares, que se dirigieron hacia varios municipios guajiros.

Después de una lucha intensa finalmente en el 2018, y 25 años después de haberlo solicitado, Nuevo Espinal se formalizó como resguardo indígena de la etnia wayuu en el municipio de Barrancas, y este año la Unidad de Víctimas protocolizó el primer Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) étnico en este resguardo.

La yonna, baile tradicional wayuu, no podía faltar.

La historia de Nuevo Espinal, así como la matanza de El Pozo, en el municipio de Hatonuevo, donde fueron masacrados 13 wayuu, y la de Bahía Portete, donde paramilitares mataron a seis indígenas, hacen parte del informe entregado por el Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Allí reposan testimonios e investigaciones técnicas que analizan causas y consecuencias del conflicto armado en territorio wayuu.

El proceso investigativo, que contó con el apoyo de Oxfam y el acompañamiento técnico de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es el resultado de actividades que se llevaron a cabo durante tres años.

Según Fuerza de Mujeres Wayuu, se busca que exista un escenario real en el que con base al esclarecimiento de las verdades, se pueda tener un real acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición de estos hechos violentos en contra del pueblo wayuu.

El informe fue entregado en la comunidad de Cucurumana, y contó con una presencia reducida de participantes debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19, sin embargo, hubo representación de Nuevo Espinal, Mayabangloma, Caicemapa, Zahino, Loma Mato, La Sabana, Portete y Campamento, comunidades del pueblo wayuu que representan el 19.42% de la población indígena de Colombia y cerca del 45% de la población en La Guajira.

Dulcy Cotes, abogada y miembro de este movimiento, manifestó que este es un aliciente para todas esas familias a las que este conflicto les arrebató a sus hijos.

“Haciendo este aporte a la memoria estamos reconstruyendo nuestro tejido social con la exigencia de una verdad que nos permita garantizar la armonía en nuestro pueblo", sostuvo.

Agrega que se busca poner en evidencia la negación constante del conflicto armado en La Guajira, lo que facilitó el accionar de los actores armados.

“El grave incumplimiento del deber estatal de brindar garantías de prevención y protección causó enormes impactos en torno al goce de los derechos individuales y colectivos del pueblo wayuu”, asevera.

Según Fuerza de Mujeres Wayuu, muchos de los hechos, como masacres, desplazamientos y confinamiento, fueron invisibilizados por las características culturales de los wayuu, y descritos muchas veces como “conflictos interclaniles”, lo que generó negación e impunidad.

Por su parte Jackeline Romero, representante del movimiento, explicó que “la entrega de este informe es un Manifiesto Wayuu que le dice a Colombia, que este no es el fin de nuestro trabajo, debido a que una de las principales afectaciones identificadas es que existen centenares de familias que no han sido incluidas dentro de los sistemas de víctimas para la restitución de sus derechos”.

En las décadas de los 80 y 90 la llegada de los grupos guerrilleros y paramilitares marcó el inicio de uno de los ciclos de violencia más crueles e implacables vividas por el pueblo wayuu.

En el informe se indica que en el caso de los pueblos indígenas, estos grupos impusieron un régimen de lealtades desconociendo sus usos y costumbres, limitando la autonomía sobre sus territorios ancestrales y socavando los ejercicios de gobiernos propios.

Hubo reclutamiento de menores por parte de la guerrilla de las Farc y el Eln, así como una ola de terror con masacres, violaciones, homicidios selectivos, amenazas y atentados del paramilitarismo.

Integrantes de Fuerza de Mujeres Wayuu en el acto.

Graves daños al pueblo wayuu

Según el Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu, el conflicto armado fue una experiencia traumática que ocasionó daños materiales e inmateriales al pueblo wayuu y vulneraron derechos individuales y colectivos.

Los impactos territoriales limitaron el acceso de los indígenas a los sitios sagrados y generó la pérdida de la seguridad alimentaria.

En el informe entregado se asegura que los actores armados vieron en el territorio wayuu un espacio de valor estratégico para el desarrollo de actividades ilegales y de confrontaciones armadas.

El territorio ancestral fue usado, controlado, expropiado y usurpado, dejando de lado la relación espiritual y cultural que tienen los wayuu con estos.

Igualmente hubo debilitamiento de la autonomía y el gobierno propio, ya que los actores armados persiguieron y asesinaron a autoridades tradicionales para obstaculizar la reclamación de sus derechos.

No fueron pocos los impactos culturales del tejido social y espirituales, que terminaron afectados.

La actuación de los grupos al margen de la ley dentro del territorio ancestral produjo perturbación, dolor y sufrimiento en las víctimas.

“El terror y la indefensión que experimentaron a raíz de la violencia, ocasionaron en integrantes del pueblo, daños psicológicos permanentes”, se describe en el informe.

Patricia Tobón, integrante de la Comisión de la Verdad, y encargada de recibir el informe, afirmó que esta es la primera organización indígena que por voluntad y trabajo propio realiza y entrega una investigación de este tipo a la comisión.

“Esto toma mayor relevancia viniendo del Pueblo Wayuu, del que muchas veces se creyó que nunca había recibido los impactos de la guerra, por tal motivo se incrementa la importancia de este documento", manifestó.

Mientras tanto Gloria Boscán, víctima wayuu de Maicao, manifiesta que “cada reunión a la que somos convocados como víctimas significa abrir nuevamente las heridas de los malos recuerdos de tantas muertes y se siente mucho más porque han prometido millones de cosas que nunca han cumplido, siendo eso lo que más duele, que nos sigan llenando de mentira cuando lo que precisamente necesitamos es saber la verdad".

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presente en la entrega del informe, manifestó por su parte que “el informe refleja la labor incansable y valiente de defensa de los derechos del Pueblo wayuu llevada a cabo por la organización desde 2006 y sus procesos colectivos de resiliencia y contribuciones a la paz”.

14 años de lucha

El Movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu, en lengua wayuunaiki Sütsuin Jiyeyu Wayuu, nació en 2006. Desde el nombre buscan resaltar a los wayuu como un pueblo fuerte y en especial de mujeres fuertes.

Sus integrantes afirman que este movimiento nació en respuesta al alto nivel de conflictividad en el territorio, a la ausencia estatal y a la necesidad de protección de las comunidades e incidencia colectiva para la garantía de sus derechos.

Inició mediante una alianza estratégica de comunidades, rancherías y organizaciones wayuu, para visibilizar la situación de violación de los derechos humanos y propios del pueblo wayuu en La Guajira, relacionadas con el conflicto armado, megaproyectos en el territorio, desplazamiento forzado y principalmente, la situación de las mujeres indígenas.

“Este movimiento, reconocido como asociación en el 2009, reúne varias historias de mujeres y hombres que a partir de su experiencia y condición de víctimas, vieron en este proceso la oportunidad de poder contar su historia para no olvidar, organizarse para luchar por sus derechos, hacer frente a situaciones dolorosas como el asesinato y desaparición forzada de familiares y reclamar justicia”, agregan.

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