La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que vincula al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Alberto Robles, como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas con destino a Centroamérica y Estados Unidos.
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Según documentos de la Fiscalía conocidos por la revista Semana, Robles, identificado con el alias Kaloy, habría liderado una red criminal que operaba desde La Guajira, utilizando su cargo público como fachada para financiar y coordinar envíos de cocaína en lanchas rápidas, además de estar vinculado a hechos de sicariato y otras actividades ilícitas.
“Líder de organización criminal encargado de financiar las operaciones de tráfico de estas sustancias en cuanto a su compra y envío, usando como fachada su cargo de funcionario público, como rector de la Universidad de La Guajira”, señala un informe de policía
Durante varios meses, los investigadores rastrearon un cargamento de droga incautado en Bogotá y, con base en las pruebas recolectadas, lograron establecer que los responsables del envío estarían ubicados en el departamento de La Guajira. A medida que avanzaron las indagaciones, las fuentes consultadas comenzaron a revelar detalles clave sobre la estructura detrás del ilícito.
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“A esta organización, al parecer, se le han incautado en distintos sitios y bajo diferentes modalidades varios cargamentos que iban en lanchas go fast, en aguas del mar Caribe, con destino a Centroamérica y Estados Unidos, pero siguen haciendo alarde de su proceder criminal en todo el departamento de La Guajira”, aseguran los informantes.
El expediente incluye interceptaciones, declaraciones de testigos, reportes judiciales y evidencias que señalan una estructura criminal con roles definidos, desde la adquisición de estupefacientes en la región del Catatumbo, su transporte en vehículos de alta gama, hasta su envío por rutas marítimas del Caribe.
“Tráfico trasnacional de sustancias estupefacientes, armas de fuego y homicidio en jurisdicción de los departamentos de la costa atlántica, los cuales están aliados con alias Kaloy, alias Caco, alias Mono Tamaca. Estas personas se mantienen en disputa con otras organizaciones criminales por las rutas y salidas ilegales para accionar sus conductas ilícitas”, manifiesta el expediente contra el rector.
Entre los implicados también figuran funcionarios públicos, como el secretario de Gobierno de Maicao, Kevin Simón López, capturado con fines de extradición. Además, hay señalamientos contra una funcionaria del CTI de la Fiscalía en Riohacha, quien habría filtrado información a la red criminal.
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“Esposa de alias Ruso, funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de Riohacha, encargada de suministrar información de operativos e investigaciones con el fin de que la organización tenga la delantera frente a la justicia o enemigos”, se lee en el informe.
El organigrama del llamado “Cartel de La Guajira”, revelado por las autoridades, ubica a Robles como cabeza visible de la estructura. Las investigaciones, adelantadas en coordinación con la DEA de Estados Unidos, relacionan a la red con al menos 33 hechos delictivos relacionados con el tráfico de cocaína.
Sin embargo, el proceso judicial ha enfrentado obstáculos. Según denuncias internas en la Fiscalía, hubo cambios sorpresivos en el equipo investigador, filtraciones de información y amenazas contra funcionarios que adelantaban las pesquisas.
“Le solicito que verifique si esta persona es de Riohacha-La Guajira, puesto que, de ser así, la persona que yo pensaba que era, por orígenes y raíces, era una persona con estrecho vínculo familiar con el cabecilla de esta investigación, Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy”, señala la denuncia de los investigadores.
Incluso, uno de los investigadores denunció haber recibido mensajes intimidantes por seguir adelante con el caso. “Ya sabemos que eres el policía que anda jodiendo aquí en La Guajira y lo que andas averiguando”.
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Respuesta del rector
El rector Carlos Alberto Robles negó todas las acusaciones y aseguró que es víctima de una extorsión por parte de un fiscal. En declaraciones con el medio Semana, afirmó estar dispuesto a comparecer ante las autoridades una vez se le requiera y “sin ningún problema”.
“Siempre me negué a dicha extorsión porque soy inocente de sus señalamientos. Me he caracterizado por ser un ciudadano ejemplar, y en el día de hoy realizaron un allanamiento a mi vivienda, y solicito respetuosamente que se investigue cómo estos señores utilizan la Fiscalía General de la Nación para una actividad ilícita y extorsiva”, expresó.
Mientras tanto, el expediente permanece archivado, generando preocupación entre los sectores académicos y sociales de la región. Lo que comenzó como una investigación de alto impacto contra una red de narcotráfico transnacional parece haberse estancado, dejando en vilo la verdad detrás de los señalamientos que hoy pesan sobre uno de los funcionarios más visibles del departamento.
