Desde el pasado 5 de abril, un grupo de indígenas de la etnia wayuu que reside en la zona conocida como Media Luna en la Alta Guajira bloqueó el sector de ingreso de las locomotoras al puerto, al reclamar a Cerrejón que acepte lo que ordenó la sentencia T704 de 2016 de la Corte Constitucional, en el sentido de que se aplicara la consulta previa a todos los habitantes de la zona de influencia de Puerto Bolívar y sectores aledaños que se vieron afectados por la construcción de la línea férrea.
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Un portavoz de la minera más importante del país confirmó que ya se levantó el bloqueo, por lo que las operaciones, que se habían visto afectadas, se reanudarán de inmediato.
Vale mencionar que Cerrejón había advertido que estos bloqueos afectaban considerablemente la producción y calificó el bloqueo de 'ilegal'.
La multinacional sostuvo que las acciones de protesta se hacen para presionar 'un acuerdo desproporcionado' dentro del proceso de consulta previa en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional.
{"titulo":"'No puede haber violencia': Uribe hace acuerdo con voceros del Bajo Cauca","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/no-puede-haber-violencia-ni-bloqueos-uribe-hace-acuerdo-con-voceros-del-bajo-cauca-986951"}
Incluso, la compañía indicó que en la actualidad llevan un proceso de consulta con más de 400 comunidades de su zona de influencia y han firmado 302 acuerdos incluyendo 11 que justamente corresponden a Media Luna la misma zona del conflicto que están atendiendo y ha cerrado 99 casos con la ejecución de todos los compromisos.
Asimismo, aseguran que en 2022 invirtieron más de 130.000 millones de pesos, en más de 1.750 iniciativas sociales recuerdan que en Media Luna se hicieron inversiones en el mejoramiento de la infraestructura educativa del Centro Educativo El Edén, que beneficia a más de 600 estudiantes y dos jagüeyes para abastecer a esta comunidad y añaden que son 12 empleados directos e indirectos los que se ponen en riesgo con este bloqueo.
Dicen que eran los dueños de la zona
Los miembros de las comunidades indígenas de Sarrutsira, Yokuyukutshi y Chorretchon, aseguran que fueron desplazados al inicio de la construcción de Puerto Bolívar y que los predios que hoy tiene la empresa en Puerto Bolívar son territorios ancestrales.
Luzmila Aristizabal, una mujer de la etnia wayuu, explicó que ellos por ser propietarios ancestrales del territorio donde luego se construyó Puerto Bolívar, habían solicitado un trato diferencial porque allí estaban sus cementerios y tenían sus ranchos y no quisieron entrar a la liquidación que hicieron en su oportunidad, esperando un mejor trato.
'De eso han pasado más de 30 años y la empresa no ha cumplido con los compromisos que tiene con la Sentencia de la Corte Constitucional T 704 de 2016', dice la lideresa.
Revisar Plan de Manejo Ambiental
En la T 704 de 2016 la Corte ordenó revisar todo el Plan de Manejo Ambiental de la empresa Cerrejón con los demás actos administrativos que pudieron desarrollarlos. Dice que de encontrarse afectaciones a la comunidad debía entonces modificarse, suspenderse o cancelarse y de hallarse esas afectaciones debía realizarse consulta previa como en efecto fue ordenado.
El no logro de un acuerdo sobre la mitigación inmediata de los efectos contaminantes de la zona generó la protesta con bloqueo a las instalaciones del puerto más importante de Colombia, Latinoamérica y uno de los más destacados en el mundo con capacidad para recibir barcos de hasta 180.000 toneladas con una eslora de 300 metros y manga de 45 metros.
El canal navegable tiene 19 metros de profundidad, 225 metros de ancho y el largo es de cuatro kilómetros. Este gigante del transporte del carbón, por la inoperancia de las locomotoras, generó millonarias pérdidas a la multinacional y la empresa siempre ha recalcado que eso se refleja en la liquidación de los derechos que se pagan al Estado.
Los términos del acuerdo para levantar la protesta no se han conocido.
La empresa a través de uno de los voceros confirmó el levantamiento de la protesta y la habilitación del transporte del carbón entre la mina y Puerto Bolívar y añadió: 'La empresa reitera su compromiso de promocionar y respetar los derechos humanos de sus trabajadores, contratistas y de las comunidades y de generar espacios de diálogo transparentes y honestos'.
Se rescata del acuerdo logrado que se pactó una reunión en las instalaciones de Puerto Bolívar el miércoles 12 de abril con el delegado del ministerio del Interior, los voceros de la compañía, Gobierno del departamento y otras instituciones del Estado que han venido acompañando el proceso.
