La Procuraduría General de la Nación intervino en la audiencia de notificación con pertinencia étnica desarrollada en San Juan del Cesar, La Guajira, dentro del Macrocaso 'Asesinatos y Desapariciones Forzadas Ilegítimamente presentados como bajas en combate por Agentes del Estado'.
La intervención se hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para socializar con 20 familiares de víctimas del pueblo Wiwa los aspectos más relevantes de la decisión de este Tribunal que determinó 127 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas en Cesar y La Guajira, presuntamente atribuibles a integrantes del Batallón N°. 2 de Artillería La Popa, entre los años 2002 y 2005.
Según el ente de control, se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y en aras de que todos los procedimientos que adelanta la JEP contribuyan de manera efectiva a la materialización de aquellos que se vieron vulnerados durante el conflicto armado.
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Según lo ordenado por la Sala de Reconocimiento, los familiares de las víctimas tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar observaciones al Auto 128 de 2021.
La Misión de la Onu en Colombia acompañó a las comunidades Wiwa, en esta audiencia sobre el caso 03 y la aclaración del trabajo que la Jurisdicción Especial para la Paz viene haciendo sobre algunos miembros de esta comunidad indígena.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa presentaron ilegítimamente a estas 127 personas asesinadas como bajas en combate, en 71 hechos ocurridos en ocho municipios del norte de Cesar, y dos municipios al sur de La Guajira.
