En dos fallos de tutela del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha ordena al ministerio del Interior y a las empresas Elecnorte y Geocol S.A., dar inicio al proceso de consulta previa con otras comunidades en el marco del proyecto Refuerzo Eléctrico de La Guajira que busca mejorar la confiabilidad del Sistema de Transmisión Regional.
En un fallo proferido el 17 de junio del presente año, señala que las consultas deben ser con las comunidades de Irruisira, Maicaito y Papumana, representadas por las autoridades tradicionales José Pushaina, Ramón Cambar Pushaina y María Pushaina.
El 10 de junio hubo otro fallo que tuteló los derechos a la consulta previa e informada, igualdad, debido proceso, un ambiente sano, al autogobierno de los pueblos indígenas, al territorio y a la propiedad colectiva, ordenando la consulta previa con las comunidades de Warrarratchon, Kasutalain y Yosuipa, para lo cual ordena la suspensión de la operaciones del proyecto hasta que se cumpla con los trámites respectivos.
Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito de Riohacha declaró la nulidad de este fallo y ordenó levantar la suspensión de las operaciones del proyecto.
La ONG Nación Wayuu denunció que las consultas hechas por la empresa Elecnorte, ejecutará el proyecto, fueron 'express y amañadas', por cuanto afirman que las autoridades tradicionales wayuu convocadas fuera de su entorno y de espaldas a sus comunidades.
En un comunicado afirma la organización que estas 'no tuvieron las garantías necesarias de contar con asesores, excepto funcionarios de la empresa que solo hablaban lo que les convenía a unas autoridades incautas que no sabían del tema'.
Indican además que en varias reuniones le han pedido a la empresa Elecnorte que a manera de compensación haya luz eléctrica en las comunidades, pero 'dicen que esta petición no es viable ni para ellos, ni para el Estado'.
El proyecto, en el cual se invertirán $US100 millones, contempla una línea eléctrica adicional desde el corregimiento de Cuestecitas en el municipio de Albania hasta Riohacha y una más, para cerrar el anillo eléctrico entre la capital guajira y el municipio de Maicao.
Según el director del proyecto Ramón Antolinez, se busca tener un sistema robusto que aumente la calidad del servicio y mejore las condiciones de voltaje. 'Esto quiere decir que vamos a disminuir el número de salidas del servicio y minimizar el daño de equipos eléctricos, electrodomésticos y comerciales', afirmó.
Indica que en febrero de 2018 se terminó la etapa de protocolización de compromisos dentro del marco de la consulta previa, ejercicio realizado en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, además de las comunidades wayuu y algunos consejos comunitarios afrodescendientes. En total fueron 154 comunidades étnicas que fueron consultadas de las cuales 144 corresponden a comunidades wayuu.
'Con respecto al proceso de consulta previa, el cual se adelantó en la etapa inicial del proyecto, en el año 2018, antes del inicio de la construcción, es de destacar que este se desarrolló atendiendo lo establecido por la directiva presidencial 10 de 7 de noviembre de 2013, y los lineamentos del ministerio del Interior en lo que respecta a las comunidades a ser consultadas y el procedimiento para hacerlo', explicó la empresa.
Agrega que además de las reuniones de socialización reglamentarias en la consulta previa, se llevaron a cabo espacios de socialización abiertos y complementarios en los que se invitó a participar a todas las personas que tuvieran interés y que llegasen a ser afectadas por la ejecución del proyecto.
'En lo que respecta a los acuerdos de compensación social, es de puntualizar que las comunidades determinan cómo quieren ver materializada la compensación económica por el desarrollo del proyecto, aspecto que hace parte de las conversaciones que se adelantan durante la consulta previa', añadió.
