En audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento y/o sustitución de medida de la medida intramural por detención domiciliaria, solicitada por la defensa del líder wayuu Javier Rojas Uriana, el juez penal con funciones de control de garantías de Bogotá Rafael Andrés Gómez acogió los planteamientos de la Fiscalía General de la Nación y negó la petición.
Rojas Uriana se encuentra imputado por los delitos de Peculado por apropiación, Contrató sin cumplimiento de requisitos legales y Falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Seccional de La Guajira permitió evidenciar la presunta apropiación de por lo menos $1.000’000.000 de un convenio por $2.223’000.000 celebrado entre la Asociación Shipia Wayúu —cuyo representante es el hoy procesado— y el Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), entidad que aportó $1.448’000.000 del total.
El objeto del convenio era realizar el proyecto de desarrollo rural con aplicación de enfoque étnico diferencial a favor de 31 comunidades del pueblo wayuu, que integran 200 familias organizadas en la Asociación de autoridades tradicionales indígenas Shipia Wayúu, para el fortalecimiento de la economía tradicional en el resguardo de la alta y media Guajira.
Dice el ente acusador que sin embargo, además del posible desvío de los recursos, se habrían presentado irregularidades en la ejecución y liquidación del citado convenio.
Al líder wayuu, quien fue peticionario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un juez de Riohacha le dictó medida de aseguramiento el pasado mes de marzo.
