De oficio, el procurador Fernando Carrillo abrió el pasado lunes una indagación preliminar contra 'funcionarios a determinar' por la presunta compra de votos que se habría perpetrado en la sede política de la representante conservadora a la Cámara por el Atlántico, Aída Merlano, durante las elecciones legislativas del domingo.
El jefe del Ministerio Público entra de esta manera a verificar las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, en las que 'se observa una conducta presuntamente irregular desplegada durante la contienda electoral'.
Estas aparentes irregularidades obedecerían a 'una posible corrupción al electorado, por cuanto al parecer se entregó dinero y se distribuyeron mercados a cambio de votos por la señora Aída Merlano'.
Por lo anterior, indica el ente de control, 'es necesario determinar si dichos hechos pueden constituir una infracción al ordenamiento disciplinario de los servidores públicos'.
Así, 'con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria e individualizar a los servidores públicos', Carrillo pide a la Fiscalía trasladar los elementos de prueba que se recaudaron en el allanamiento a la sede de campaña, solicita a la Registraduría que certifique si Merlano es senadora electa y al Consejo Nacional Electoral, CNE, que informe si ha recibido denuncias de corrupción electoral contra la representante.
De igual forma, solicita al Comité de Seguimiento y Control Electoral del departamento del Atlántico que informe si ha recibido quejas por compra de votos, dispone una visita especial a la Corte Suprema si ésta adelanta algún proceso contra Merlano por estos mismos hechos y, finalmente, comisiona a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios para practicar estas diligencias.
