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Aida Merlano asiste a una audiencia en Caracas, el 6 de febrero de 2020.
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Extradición de Aida Merlano no figura en su expediente

EL HERALDO conoció el documento que contiene su caso que reposa en el Supremo de Venezuela. 

Hace poco más de un año, el nombre de Aida Merlano ocupó la agenda mediática en el país, luego de que se conociera que la excongresista se había fugado de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. Pero “la libertad” no le demoró mucho, pues el 27 de enero de este año fue capturada en territorio venezolano; es decir, que hoy se cumplen 9 meses de su detención sin que se conozcan nuevos detalles y avances de su proceso.

Los agentes realizaron la detención con base a una notificación roja de Interpol, de fecha 30 de noviembre de 2019, que había emitido la oficina central de Bogotá, referente a los delitos de: “municiones, componentes, armas de fuego, armas o explosivos/ organización, asociación o grupo delictivo”, pero la alerta, aparentemente, no explica si Merlano tendría alguna relación con el tráfico, porte o fabricación del armamento del que se menciona.

EL HERALDO conoció en exclusiva el expediente signado con el número 13C-26176-20, que reposa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que contempla los pormenores de la captura de la excongresista, pero no menciona –por ningún lado– la palabra extradición, a pesar de que sí se reconoce que “ha sido vinculada o relacionada, con la comisión de delitos cometidos en la República de Colombia”.

El documento no expone ni detalla si Aida Marlano había sido solicitada en extradición por parte de Colombia, o si la justicia venezolana tendría la intención de extraditarla, como sí se hizo en los casos de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, y de Digno Palomino.

En estos donde últimos casos el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del vecino país notificó a Bogotá “del término perentorio de noventa (90) días para presentar la solicitud formal de extradición” contra ambos hombres.

Pese a lo anterior, dos días después de la captura de Merlano en Venezuela, la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, señaló que el proceso a seguir era notificar a la Corte para que iniciara los trámites de extradición, para que ese alto tribunal remitiera los documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores que enviaría la petición oficial de extradición al gobierno venezolano.

El expediente de Merlano en Venezuela tuvo entrada al TSJ el 4 de febrero de 2020, y se designó como ponente al magistrado Maikel Moreno Pérez, presidente de esa Corte, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien entregue información que conduzca a su arresto por participar en crimen organizado transnacional.

Estando el expediente en el TSJ, Merlano acudió el 6 de febrero a un audiencia “especial” ante un estrado de Caracas y tan solo un día después la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia colombiana solicitó al Gobierno de Duque que pidiera ante Venezuela la extradición de la excongresista.

La Corte señaló que la solicitud se podría hacer bajo un acuerdo bolivariano de 1911 en el que figuran los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, con el fin de que la barranquillera pague los 15 años de cárcel a los que la condenó el máximo tribunal de la justicia ordinaria colombiana en septiembre pasado por delitos electorales.

Pero a finales de febrero, la Fiscalía y la Corte Suprema acordaron que “no enviarán funcionarios de ninguna clase a territorio venezolano” para escuchar a la excongresista o practicar pruebas en las declaraciones que rindió en esa audiencia especial.

La captura

 Aida Merlano fue capturada la noche del lunes 27 de enero de este año, a las 07:40, cuando agentes adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegaron a la avenida 2 El Milagro, parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo del estado Zulia, con la finalidad de detener a la excongresista.

La mujer se encontraba residenciada específicamente en el apartamento 11B, piso 11, de un edificio ubicado en la descripción referida. Los uniformados al tocar la puerta fueron atendidos por una empleada doméstica y otra mujer que se identificó como Landis Ferrer Urdaneta y  que “coincidía con las características fisonómicas” de Merlano.

“Se le da aprehensión para practicar diligencias de investigación urgentes y necesarias tendientes a esclarecer la identificación. Fue entonces cuando agentes de la Policía judicial y Extranjería se percataron de que efectivamente se trataba de la excongresista al practicarle los protocolos pertinente”, se informó en ese momento.

Tan solo un día después de la captura; es decir, el 28 de enero de 2020, se celebró la audiencia de presentación de imputados, ante el Juzgado Décimo Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde a la ciudadana Aida Merlano Rebolledo se le imputaron los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.

Merlano fue capturada junto a Yeico Manuel Vargas Rebolledo, a quien se le imputaron los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.

“Se observa que los delitos imputados en la presente causa son considerados como graves por su naturaleza y por atentar contra la Seguridad de la Nación, generando una conmoción social por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron aprehendidos los imputados de autos, y específicamente el cargo que desempeñaba la ciudadana Aida Merlano Rebolledo, en la República de Colombia, la cual se encuentra requerida por dicho país, por delitos considerados graves”, sostiene el expediente, sin detallar los delitos por los que fue condenada por la Corte en Colombia que son: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y porte ilegal de armas.

Llevado a Caracas

Sin embargo, se lee en el expediente “que para la opinión pública del estado Zulia hablar de la exsenadora Aida Merlano Rebolledo, de la República de Colombia, es hablar de conmoción social, ello debido a la difusión masiva de tal hecho a través de los medios de comunicación regional (principalmente) y nacional, resaltando su posible vinculación a investigaciones contra delincuencia organizada”, es por esa razón que el caso fue llevado a Caracas.

En la actualidad, la excongresista está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) bajo estricta vigilancia y monitoreo de su estado de salud, debido a la actual pandemia del coronavirus.

Silencio en el gobierno

Al conocerse la decisión del TSJ venezolano con relación al archivo de extradición de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, este medio contacto a la Cancillería y al Ministerio de Justicia para saber sus reacciones y los pasos a seguir, pero hasta el cierre de esta edición no había ningún pronunciamiento.

En agosto pasado, fuentes del Ministerio de Justicia le dijeron a EL HERALDO que los procesos judiciales se mantenían “semi paralizado” porque dependían de las medidas que se tomarán en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyas oficinas y dependencias están trabajando “a tiempo parcial” y desde la virtualidad, debido a la pandemia.

Tan dijeron que esos trámites “no han podido tener efecto, dado a las pocas relaciones diplomáticas que Colombia mantiene con Venezuela”.

El Gobierno de Iván Duque “no tiene representación diplomática” en Venezuela desde el 24 de febrero de 2019.

El caso de Digno Palomino también podría ser archivado en Caracas
De izq. a der: ‘Castor’ y Digno Palomino. Suministrada.

Luego de conocerse la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de archivar el expediente contentivo de la solicitud de detención, con fines de extradición, que pasaba en Venezuela sobre Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, este medio conoció que el proceso contra Digno José Palomino Rodríguez podría correr el mismo riesgo.

El expediente contentivo del proceso de “extradición pasiva” del ciudadano Digno Palomino fue remitido al TSJ en enero de 2020 y asignado a la Sala de Casación Penal.

Sobre el indiciado pesaba una notificación azul de Interpol, emitida en Colombia por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

“A través de una investigación se estableció que Digno José Palomino Rodríguez es integrante de una organización delincuencial denominada ‘Los Costeños’, dedicada al sicariato, cobro de extorsiones y control de narcotráfico, donde Palomino Rodríguez es el segundo cabecilla de esta organización y es quien ordena la comisión de los homicidios y demás actividades delictivas”, se lee en el expediente.

En virtud de la mencionada notificación azul, el 10 de diciembre de 2019, el hombre fue detenido en la ciudad de Cabudare, estado Lara, Venezuela, por funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol, quien al momento de su captura se identificó como Leonardo Fabio Sánchez Palomino.

El 4  marzo de 2020, se realizó una audiencia donde la Sala de Casación Penal acordó notificar al Gobierno de la República de Colombia, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, “del término perentorio de noventa (90) días continuos que tiene siguientes a la fecha de su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial respectiva que sustente el procedimiento de extradición de Digno José Palomino Rodríguez”.

La decisión indicó que, en caso de no ser remitida la documentación requerida en dicho lapso, “se ordenará el cese de la medida de coerción personal decretada contra el referido aprehendido”, conforme con lo establecido en la legislación venezolana.

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