La campaña por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto de este 2026 comenzó con largo tiempo de anticipación en el 2025, marcada, sobre todo, por los pronunciamientos y los ataques de lado y lado en las tribunas virtuales en las que se han convertido las redes sociales, pero con poco debate público como suele suceder en cada proceso democrático que busca al jefe del Estado colombiano.
Luego vinieron la consulta del Pacto Histórico, que prácticamente estaba definida desde antes de realizarse, y las interpartidistas del 8 de marzo que se realizaron junto con las elecciones parlamentarias, que también, antes de cumplirse, vislumbraban claramente como ganadores a quienes finalmente se convirtieron en candidatos.
A partir de ese momento comenzó a tomar forma el tarjetón presidencial con 14 nombres sorteados, y de los cuales permanecen en la contienda trece. Tres con una intención de voto marcada en las encuestas con grandes posibilidades de pasar a una segunda vuelta, pero que hasta ahora solo han enfrentado y debatido sus posiciones en las tribunas virtuales, pero no cara a cara, como corresponde, para que los electores tengan la posibilidad de conocerlos en la arena política real, confrontando ideas y sus propuestas de gobierno.
A hoy el recinto del Senado, en el caso de Iván Cepeda y Paloma Valencia, había sido la única posibilidad de debate, y no precisamente por el deseo del candidato del Pacto Histórico, quien hasta este sábado se había mantenido en su postura de no asistir a los debates presidenciales organizados.
El sábado, desde Fusagasugá, Cepeda retó a los candidatos Valencia y De la Espriella a un debate “sobre propuestas de fondo”, pero con condiciones, asegurando que concertará las modalidades. “No voy a prestarme a la manipulación mediática y a la política del espectáculo. Las condiciones equitativas, el temario, los moderadores y el escenario en el que se realizará serán rigurosamente pactados”, precisó el dirigente de izquierda.
Nada nuevo, nada sorprendente. Así es como se organizan los debates presidenciales, así se ha hecho siempre. En cada debate que se organiza, por cuenta de un medio de comunicación, de cualquier gremio o entidad privada, lo que se acostumbra y tradicionalmente hace parte del protocolo es que se definen las reglas de juego de forma previa, incluso los tiempos de respuesta, las interpelaciones a las que se tiene derecho y hasta el sorteo del orden para la ubicación y el turno de respuesta en cada pregunta, entre otros muchos detalles que organizadores y campañas pactan con antelación, a través de sus delegados o compromisarios.
Una vez Cepeda lanzó el reto, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia le respondieron. El candidato de Defensores de la Patria, conocido como ‘el Tigre’, manifestó a través de un video en su cuenta de X: “Tan pronto le interponen una tutela se disfrazó de demócrata y acepta el reto que le estoy haciendo desde hace muchísimos meses”. En tanto que la aspirante del Centro Democrático reaccionó: “Siquiera se le quitó el miedo, si lo hemos citado varias veces a debates pero el prefería estar escondido”.
Sea por una tutela o por la razón que se haya considerado, era hora de que todos los aspirantes presidenciales mostraran su decisión de asistir a los debates a los que han sido invitados y convocados en las distintas ciudades, incluida Barranquilla. El primer ejercicio se hizo en el marco del Congreso de Naturgas, pero no asistieron los dos aspirantes que puntean en las encuestas.
En cualquier caso, es un derecho el que tienen los candidatos de contar con los espacios para divulgar sus propuestas, pero sobre todo un deber con los electores para que puedan tomar una decisión informada de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, y de ser necesario en la segunda el 21 de junio.
No hay que huirle al debate público, eso sí con altura, con respeto, y contándoles al país y a los colombianos cuáles son los planes o las estrategias con las que piensan resolver los graves problemas que agobian a la ciudadanía, entre ellos el orden público, la seguridad, la salud, el déficit fiscal y la crisis energética, entre muchos otros.







