El Heraldo
En esta vivienda del barrio Las Flores debía estar cumpliendo la casa por cárcel José Ramos, pero el Inpec no lo encontró en la revista que le hicieron. Archivo particular
Judicial

Este año han sorprendido a 248 presos violando la casa por cárcel

En el Atlántico hay 4.419 capturados con casa por cárcel y vigilancia electrónica, pero solo cinco funcionarios para vigilarlos. Personería Distrital y Área Metropolitana, preocupadas por la “difícil situación”.

La fuga de la detención domiciliaria con la que fue cobijado por un juez de control de garantías Alberto Mario Cabrera Barrios, alias Ñeco, señalado asesino del director de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria –el homicidio sucedió pasado el 4 de mayo–, vuelve a poner en tela de juicio la eficacia de esta medida (ver infografía).

Tras ser capturado en flagrancia por un atraco que cometió en el barrio La Luz, el 31 de diciembre de 2015, un juez mandó preso a su casa a ‘Ñeco’, en la calle 119 con carrera 11K, El Pueblito.

Pero su fuga fue detectada por guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el pasado 9 de junio cuando le hicieron la primera visita a su domicilio, cinco meses después del beneficio que le otorgó el juez, y no lo encontraron. Cabrera está huyendo y sobre él pesan órdenes de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte de armas de fuego, hurto calificado agravado, y una denuncia por fuga de presos.

Otra sonada huida fue la de Luis Safir Mosquera De Ávila, alias el Burro, quien fue sorprendido violando la detención domiciliaria. La Policía Metropolitana, Mebar, ha dicho que Mosquera sería el responsable de varios homicidios cometidos en el suroriente de Barranquilla (ver casos en el Atlántico).

Fugados varias veces

De acuerdo con el coronel José Palomino López, comandante operativo de la Mebar, en lo que va del año 248 delincuentes han sido sorprendidos en la calle violando las medidas de detención y prisión domiciliaria, así como la vigilancia con dispositivo electrónico que el Inpec lleva a cabo a través de un brazalete que le ponen en un pie al detenido.

Palomimo explica que de esas capturas, 219 tuvieron lugar en Barranquilla, 23 en Soledad, 5 en Malambo y una en Galapa. Fugados de la casa por cárcel, al reincidir, estos detenidos “han generado delitos como porte de estupefacientes, porte de armas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y homicidios”, revela el oficial.

Tan grave como lo anterior, es que a varios los han sorprendido “hasta tres y cuatro veces violando la medida”.

Situación crítica

En el Atlántico hay actualmente 4.419 presos con casa por cárcel. Para Milton Aníbal, directivo del sindicato del Inpec y uno de los dos funcionarios de la Cárcel Modelo encargados de las revistas a unos 2.996 detenidos con domiciliaria a cargo de este establecimiento de reclusión, la situación “es cada día más crítica”.

Asimismo, el dragoneante señala que en la Penitenciaría de El Bosque hay tres guardianes para vigilar a 1.338 internos a los que los jueces les concedieron este beneficio o tienen instalado el dispositivo electrónico.

La gran mayoría de las domiciliarias han sido concedidas en Barranquilla y Soledad.

Carlos Julio Pineda, director regional del Inpec, señala que los funcionarios encargados de las inspecciones domiciliarias son seis, lo que sigue siendo un número mínimo frente al número de presos cobijados con esta medida judicial.

“Tenemos –sostiene Milton Aníbal– dos motocicletas que no están habilitadas al ciento por ciento para ir a ver a los más de 4.000 internos que están en las casas. Por eso digo que tenemos un establecimiento carcelario rondando en las calles, libres, gente que está suelta y que no tenemos forma de llevarles un control porque es humanamente imposible”.

Seguimiento

Una de las recientes revistas que hizo Aníbal junto a su compañero fue el pasado 8 de julio en el barrio Las Flores. Llegaron al domicilio donde debería estar José Alberto Ramos, detenido el pasado 19 de abril por el delito de hurto, pero no lo encontraron. “Apenas va para tres meses que le dieron la medida y ya se voló”, comenta el funcionario.

Diariamente el Inpec programa de 10 a 12 revistas, de las cuales logran hacer unas ocho. “Cuando un interno no se encuentra en el domicilio se organizan tres visitas en la misma semana y si no aparece, a la tercera se le envía el informe al juzgado”, explica el dragoneante Aníbal.

En su concepto, el Inpec debe aumentar el personal para realizar esta “delicada tarea”; señala que, por lo menos, se necesitan 10 guardianes en cada establecimiento carcelario dedicados a ella y unas seis motocicletas, tres para la Modelo y tres para la Penitenciaría de El Bosque.

“Con ello –asegura el guardián– se puede llevar un mejor control de los detenidos”.

Hacer un estudio

Sobre las domiciliarias que otorgan los jueces, el personero distrital, Jaime Sanjuán, considera que debe hacerse un “estudio detallado y concienzudo” antes de ser concedidas.

“Hay que entrar a analizar si esa persona representa un peligro para la sociedad y si existe un riesgo latente, cierto, de que vuelva a delinquir estando en su casa”, dice. Y sostiene que si el capturado es sorprendido en la calle violando la medida, “lo deben enviar a la cárcel por estar infringiendo la que ya tenía, de lo contrario los jueces estarían prevaricando”.

Sobre las fallas en las inspecciones, el personero manifiesta que en la Penitenciaría de El Bosque hay 70 guardianes, divididos en turnos de 24 horas, quienes tienen a su cargo la vigilancia y custodia de los más de 1.700 internos y solo hay tres asignados para pasar revista a las presos que tienen  prisión domiciliaria o vigilancia electrónica.

“Es decir, el personal no es suficiente y mucho menos podrá estar pendiente de una persona que tiene casa por cárcel”, señala.

Incongruencias

Jaime Berdugo, director del Área Metropolitana y responsable de la política de seguridad en el Distrito, opina que hay “incongruencias” en el modelo del sistema penitenciario y carcelario nacional, que derivan en que, por la vía legal, “se establecen una serie de beneficios judiciales que no van acompañadas de unas políticas públicas y unos programas que la hagan efectiva frente al fin que se requiere que es la seguridad ciudadana”.

Enfatiza que es un modelo nacional que tiene “coletazos en todo el territorio nacional”, por lo que se requiere de una política pública penitenciaria que sea “integral”. “Que las decisiones del Código Penal Colombiano y del Código Penitenciario vayan de la mano de las decisiones del Presupuesto General de la Nación, así como del Plan Nacional de Desarrollo”.

“Ese coletazo –agrega– se siente más fuerte en la Región Caribe porque en los últimos 15 años construyeron 35 penitenciarías, de las cuales una fue para la Costa, en Valledupar, y ni siquiera presta servicio a la ciudad por ser una cárcel de alta seguridad para el país”.

Esa situación ha tenido como consecuencia, dice Berdugo, que el sistema penitenciario regional “sea el más difícil”, ya que las primeras cuatro cárceles con más hacinamiento en el país son Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Magangué.

“Desde abril tenemos dos predios en el Atlántico viabilizados por la Nación y aún no hemos tenido eco en la propuesta de que nosotros cofinanciaríamos el 40 por ciento de las construcciones que se harían ahí”, comenta.

Berdugo señala que están promoviendo tres establecimientos carcelarios municipales en el Atlántico, en Barranquilla, uno para Soledad y Malambo, y otro para las restantes poblaciones, para generar más espacios y contar con mayores posibilidades de seguimiento de parte del sistema penitenciario.

Mientras esto sucede, de acuerdo a los estudios de inteligencia, la comunidad seguirá expuesta a más actos criminales porque los beneficiados con casa por cárcel y con vigilancia electrónica van a continuar violando estas medidas. “Es un panorama nada claro”, sostiene un fiscal consultado.

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