En los sectores comerciales de Soledad abunda el silencio. Nadie quiere hablar de la reciente ola de extorsiones a la que se han enfrentado los distintos trabajadores de este municipio en el primer trimestre del año.
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La muerte del comerciante Marco Aurelio Díaz, a las afueras de su negocio ‘Mercadito Santa Inés’, el pasado sábado 26 de marzo, fue quizás el eslabón que faltaba para terminar de infundir terror en los vendedores que han preferido cerrar sus locales antes de verse obligados a pagar las incontables vacunas extorsivas que les exigen las bandas criminales. Aunque su muerte, según la Policía, esté asociada a varias hipótesis.
Uno de los negocios populares que cerró sus puertas recientemente fue precisamente la panadería Zulima, un tradicional establecimiento ubicado en una esquina de la carrera 19 con calle 16, en el casco viejo del municipio, que no logró sostener sus gastos ante la cantidad de dinero invertido para proteger la integridad física de sus trabajadores.
Como este, se habla de una cifra cercana a los 57 negocios que le han dado una respuesta negativa a sus peligros cerrando lastimosamente sus puertas. Algo que siembra más la incertidumbre en su sustento diario al ya no tener un ingreso fijo con el cual vivir.
Los comerciantes que aún se han aferrado a sus trabajos y no han dejado de salir a rebuscarse también presentan una actitud más intrigante de la acostumbrada. Se sorprenden con cada cliente que llega a solicitar de sus productos o servicios. De igual manera, intentan evadir a todo costo cualquier tema que tenga que ver con la extorsión.
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'¿Sabe qué es lo que ha generado el cierre masivo de negocios en Soledad?', se le preguntó a una persona.
'Todos saben por qué', fue la respuesta cortante de alguien haciendo referencia al flagelo. De hecho, muchos mienten con su procedencia para no responder más preguntas al respecto.
Del lado de la Alcaldía de Soledad, la estrategia que han utilizado para reducir este tipo de casos ha sido la de las 'Caravanas por la Vida', en articulación con el Ejército Nacional, Policía Nacional y Gaula Militar.
Se trata de diferentes rondas de uniformados por las inmediaciones de los negocios, tipo modelo de vigilancia ciudadana, para protegerlos de cobros extorsivos. Estas incluyen registros personales para evitar el porte ilegal de armas.
EL HERALDO intentó comunicarse con algún funcionario de la misma, pero no fue posible. No obstante, se comprometieron a reunirse con los vendedores del municipio y, luego de ello, entregar declaraciones de lo acordado.
No son los únicos
La realidad en el municipio de Malambo no es diferente. Pero los comerciantes ahora, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, proponen tomar justicia por sus propias manos para garantizar su 'seguridad y poner fin a estos actos de violencia y extorsión'.
La misiva indica claramente que 'a partir de la fecha, toda persona hombre o mujer, a pie o en motocicleta con casco que llegue a los locales comerciales, será objetivo sospecho y la orden (en palabras mayúsculas) es ser dado de baja'. Medidas urgentes ante la falta de apoyo por parte de las autoridades civiles.
'Es lamentable constatar que, a pesar de nuestras repetidas solicitudes de asistencia y protección, no hemos recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes. Estamos enfrentando situaciones de violencia e intimidación que ponen en riesgo nuestras vidas y medios de sustento, y nos sentimos desamparados ante esta situación', introduce la carta.
'Como comerciantes, contribuimos al desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Sin embargo, nos vemos obstaculizados en nuestros esfuerzos por operar nuestros negocios de manera segura y prosperar debido a la falta de acción por parte de las autoridades para abordar estos problemas de seguridad', agregó.
El gremio de comerciantes tampoco descartó la posibilidad de contratar una empresa privada de vigilancia.
En las últimas horas se ha conocido que además de las cuotas extorsivas a los establecimientos comerciales, ahora en Malambo se instauró aparentemente una clase de ‘peaje’ a mototaxistas y motocarristas de 1.500 pesos para la entrada y la salida al barrio Villa Berta.
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