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Judicial

Bienes de las Farc garantizarán reparación de víctimas: Minjusticia

El misnistro Gil Botero enfatizó que se trata de bienes que conformarán un Fondo que será dirigido y conformado por el Gobierno.

El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, le pidió a la Corte Constitucional que avale el decreto ley 903 de 2017 sobre los bienes de las Farc al estimar que es “una bandera del Gobierno Nacional en defensa de las víctimas del conflicto armado”.

En audiencia pública, Gil Botero señaló que no hay vicios en el decreto y que el mismo permite cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz alcanzado de las Farc, en tanto que los bienes que entreguen las Farc serán utilizados para la reparación de las víctimas.

Gil Botero enfatizó que se trata de bienes que conformarán un Fondo que será dirigido y conformado por el Gobierno.

“La entrega de los bienes por parte de las Farc para la reparación de las víctimas se ajusta a sentencias que señalan que la obligación de reparar corresponder, en primer lugar, a los responsables”, señaló.

“La obligación de reparar está protegida en este decreto estableciendo un mecanismo temprano de recolección de bienes que evita la posibilidad de ocultamiento de los mismos”, señaló Gil al considerar que en el proceso con los paramilitares no hubo un mecanismo así, lo que facilitó el ocultamiento de bienes.

“Sobre esa experiencia, el decreto obliga la realización de un inventario definitivo, en forma paralela con el proceso de desarme, con el propósito de evitar dilaciones. Se envía un mensaje de que el capital ilegal de las Farc debe ser devuelto a las víctimas”, enfatizó.

El ministro Gil señaló que el decreto además garantiza el fortalecimiento de la política criminal en materia de extinción del derecho del dominio y señaló que los bienes declarados por las Farc no tendrán acción alguna en la justicia ordinaria.

“Los que no sean inventariados, recibirán el tratamiento de la jurisdicción ordinaria”, señaló al indicar que esa jurisdicción se investigarán delitos que se hayan cometido con posterioridad.

En ese sentido, Gil Botero insistió que el decreto se ajusta a la Constitución y el derecho internacional.

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