El Heraldo
El Consejo de Estado tomó la decisión en ponencia del magistrado Hernán Andrade. Archivo
Judicial

Armada debe pagar $1.900 millones por ocupar hotel

Consejo de Estado falló en contra del Ministerio de Defensa.

Por los perjuicios causados a una entidad particular de la isla de San Andrés, el Consejo de Estado ordenó a la Armada y al Ministerio de Defensa pagar una indemnización por más de 1.900 millones de pesos.

La alta corte explicó que la DNE y la Armada fundamentaron el decomiso y ocupación del hotel y demás bienes, entre 1989 y 2004, por su supuesto nexo con actividades de narcotráfico.

“No se demostró que en ese lugar se conservaran sustancias alucinógenas, ni cualquier otro elemento vinculado”, concluyó la sentencia del magistrado Hernán Andrade.

“Por el contrario, se aclaró que los representantes del hotel no estaban investigados penalmente, no eran requeridos por ninguna autoridad, no tenían antecedentes judiciales y sus bienes habían sido adquiridos mediante el desarrollo de actividades comerciales legales”, agrega.

En el fallo se concluyó que la Armada y la DNE fallaron en el servicio, al no acreditar los hechos que derivaron en la ocupación de los bienes del mencionado hotel. La primera realizó el allanamiento y la segunda destinó que los mismos fueran aprovechados por el organismo militar.

La decisión de la DNE tenía como objetivo fundamental la correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos investigados. También debía supervisar su uso por los destinatarios provisionales o depositarios.

“La Armada Nacional asumió las mismas obligaciones que impone la Ley para los secuestros judiciales, es decir, el cuidado de los bienes a su cargo, por lo que debía restituir la misma cosa o cosas recibidas y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, con todas sus accesiones y frutos”, indicó el Consejo de Estado.

En este caso se demostró el deterioro del hotel y demás bienes a su cargo como consecuencia del uso indebido al que fueron sometidos por parte de la Armada, por lo que se configuró una falla del servicio y una responsabilidad solidaria o compartida.

“Mientras la DNE no vigiló el uso de los bienes a su cargo, la Armada no devolvió los bienes que le fueron dejados a su guarda en las mismas condiciones en las que los recibió”, puntualizó.

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