Acuerdan traslados de detenidos para mitigar hacinamiento en URI
Autoridades llevaron a cabo una reunión extraordinaria para disminuir el sobrecupo de los calabozos de la URI, que actualmente sobrepasa el 100% de su capacidad.
Una amenaza de no recibir más detenidos por parte de la coordinación de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía sacó a flote un nuevo capítulo de la crisis por sobrecupo y hacinamiento que no solo se evidencia en penitenciarias y centros carcelarios de Barranquilla, sino que se agravó en dependencias judiciales cuyos calabozos están destinados para el tránsito y no para la permanencia de los procesados.
Hacia las 7:30 de la noche del pasado sábado, el fiscal coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata, Pío Agustín Castaño Vega, convocó a una reunión de emergencia a la directora seccional de Fiscalías, Claudia López Duncan; y al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Mariano Botero Coy, para que conocieran de primera mano la situación de sobrecupo de las carceletas de la dependencia judicial ubicada en la carrera 39 con calle 41, barrio Rosario, en el centro de Barranquilla.
Al término de la reunión extraordinaria, el comandante Botero Coy dio a conocer la magnitud de la crisis al interior de la URI.
“Hay 120 hombres y mujeres y la capacidad transitoria es de 68 personas”, dijo, por lo que el sobrecupoes del 100%.
La URI no es un centro de reclusión. Son salas de paso de 36 horas; el sobrecupo es de un 100% de su capacidad.
El comandante añadió que en horas de la mañana de este domingo se programó “un comité de alto nivel en el comando de la Policía para establecer el protocolo y lograr que el proceso fluya como debe ser”.
Comité de descongestión
“La URI no es un centro de reclusión. Son salas de paso de 36 horas. Por eso hemos convocado esta reunión de carácter urgente, que se hizo con miras a prevenir lo que se puede venir en un futuro”, informó por su parte Claudia López Duncan, directora seccional de la Fiscalía, una vez concluyó el comité .
A la reunión asistieron, además del general Botero Coy, el secretario de Interior del Atlántico, Guillermo Polo; el secretario de Gobierno del Distrito, Clemente Fajardo y el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay.
La fiscal López Duncan señaló que al finalizar la reunión se llegó a un pacto con los centros carcelarios y penitenciarios de Barranquilla.
“La Cárcel Distrital El Bosque recibirá 20 procesados; la Cárcel del Buen Pastor recibirá 7 mujeres, y hay entre 25 y 30 ciudadanos venezolanos que serán trasladados a la Cárcel Modelo y a la Penitenciaría El Bosque”, señaló la delegada del ente acusador.
Explicó que “hay 60 capturados que se encuentran de manera transitoria; es decir, están a la espera de que un Juez Penal Municipal con funciones de control de garantías resuelva su situación judicial por lo tanto no podrán ser trasladados aún”.
“Esta reunión es para prevenir y que no se repita”, Claudia López Duncan, Directora Seccional de Fiscalía.
Un año y seis meses en la URI
Luego del comité extraordinario, EL HERALDO tuvo acceso a las carceletas de la dependencia judicial del centro de la ciudad.
“Dormimos de pie, orinamos en botellas de plástico, no todos alcanzamos a bañarnos y vivimos enfermos”, dijo uno de los reclusos, y su testimonio se escuchó una y otra vez en las 5 celdas de la dependencia judicial que fue construida para albergar a un total de 60 personas.
En medio de los rostros que resaltaban entre las rejas, se destaca uno, ojeroso y pálido, quien de acuerdo con los policías que custodian los calabozos, está allí desde 2017. “Ahumada es el preso más viejo de acá, el cayó por homicidio”, señaló un custodio.
“Llevo un año, seis meses y seis días aquí. En estos calabozos sobrevivimos, pero no vivimos como personas; esto no es justo. No me reciben en las cárceles por no tener mis documentos, pero no es justo. Necesito a mi familia, aquí no tengo visitas, ni salgo a caminar a un patio, son cosas que en un centro carcelario sí se pueden resolver, aquí se ve la negligencia del Estado”, expresó con voz enérgica el hombre, que no ceptó ser fotografiado.
Dijo que se sentía contento de que después de un año y medio tuviera al menos la oportunidad de protestar ante un medio de comunicación.
Entre los detenidos que duermen y conviven en las celdas, se destaca la presencia de 20 miembros de la estructura delincuencial ‘Los Papalópez’. Estas personas permanecen en una sola celda, en el fondo del complejo, donde de acuerdo con los fiscales y custodios del recinto se ubica a los reclusos de alta peligrosidad.
En este calabozo sobrevivimos pero es inhumano, no me reciben en la cárcel por no tener mis documentos.
Trece miembros de esta estructura permanecen allí desde la madrugada del martes cuando fueron capturados en Barranquilla y su área metropolitana por orden de la Fiscalía Novena Especializada Unidad de Vida. Los otros 7 miembros permanecen en la carceleta desde el 24 de octubre, cuando miembros del Gaula los aprehendieron por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión.
“La llegada de estas capturas en masa que se realizan son un buen golpe a las estructuras delincuenciales, sin embargo representan un desafío para los funcionarios de la URI, porque no hay espacio para tanta gente”, señaló un funcionario del lugar.
Esto se confirma con lo dicho la noche del sábado por otra fuente del ente acusador que señaló como causa la demora en la judicialización de los procesados.
“Hay una cantidad de jueces nuevos y otros antiguos. Por ejemplo, el Juez 13 Penal Municipal se demoró dos meses y medio en la audiencia de legalización de captura de 20 integrantes de ‘los Dealers’, y ahora tiene a 15 capturados de la banda de ‘los Titanic’ desde hace un mes. Son personas a las que ya se les legalizó la captura, pero no se les han hecho las otras audiencias, rompiendo con lo que es la esencia del sistema, ya que dejan de ser audiencias concentradas”, puntualizó la fuente.
Vacancia Judicial
La delegada de la Fiscalía Seccional Atlántico, Claudia López, señaló que además de este problema también se estudia un plan para evitar que el mes de diciembre esté a “merced de los criminales”.
“Se está evaluando cómo organizar esta etapa del año, ya que los Fiscales delegados salen a vacaciones, y no queremos que se presenten anomalías durante esta época del año” señaló la siscal, que acompañó al EL HERALDO en la visita a los calabozos de la URI.
