Las aguas pasaron de mansas a agitadas en la Isla de Providencia por el caso de la subteniente barranquillera Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de 35 años, hallada sin vida el pasado sábado 2 de mayo en extrañas circunstancias, con un impacto de bala y un arma de fuego que yacía a su costado, en una escena dentro de la misma estación de Policía que ella comandaba.
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Lejos de lo que el común imaginario en un primer momento planteó sobre el deceso de la oficial como un posible suicidio, hoy estaría activa una investigación para esclarecer este hecho sin antecedentes en el retirado paraíso del mar caribe colombiano.
Meses atrás, la oficial había revelado ante sus altos mandos y su familia los episodios de acoso laboral y violencia de género a los que era sometida en la estación de Policía de Providencia a manos de un superior.
Aquel hombre sería otro oficial de la institución armada al que la familia de la uniformada señala como su hostigador, tras haberle dado diversos malos tratos e irrespetos.
Las denuncias
En entrevista con EL HERALDO, Leydis Marciales, hermana de la uniformada, relató que Jenyfer Alexandra sufría mucho a causa de la carga emocional que estaba sobrellevando en la estación de Policía por los múltiples atropellos por parte de su superior.
Incluso, alcanzó a detallarles a sus familiares los irrespetos que sufría constantemente durante la jornada laboral.
“Escuché que la desautorizaba –el teniente Daniel Medina– delante de sus subalternos, entonces se había perdido ese respeto por mi hermana (…) ella era subteniente, esta persona era teniente, entonces si ella daba una orden no se acataba y muchas cosas empezaron por allí, también otro tipo de acosos laborales que en su momento no podemos dar a conocer”, narró la hermana de la uniformada.
Tras la denuncia de la oficial, esta había sido enviada a su natal Barranquilla, pero permaneció hasta el 22 de abril, ya que el 24 debía regresar nuevamente a la estación de Policía de Providencia.
“Nosotros estamos pidiendo que se esclarezca por qué no abrieron una ruta de violencia de género cuando ella ya había reportado y por qué la enviaron otra vez al lugar donde ella estaba siendo acosada laboralmente”, manifestó la hermana menor de la fallecida.
Un testigo clave
Marciales no era cualquier novata, con 16 años en la institución, la subteniente se ganó a pulso y esfuerzo su lugar en la Policía Nacional, haciéndose con el cargo de Comandante de Estación en Providencia.
Precavida por su situación, la oficial le notificó a su familia que, si en algún momento le llegaba a pasar a algo, tenían que ponerse en contacto con otro uniformado que tenía consigo un paquete de evidencias sobre todo los hechos antes denunciados.
“Ella nos indicó, a mí me lo dijo, ya lo sabíamos que estaba presentando este acoso laboral, que lo había reportado (…) entonces ella me dijo: ‘Si en algún momento me pasa algo, por favor hay un compañero’, otro patrullero que estaba con ella desde un curso, que tenía conocimiento y nos podía brindar pruebas de imágenes, grabaciones”, reveló Marciales.
Entre los largos relatos de los múltiples atropellos que la subteniente recibía por parte de su superior, esta alcanzó a detallarle a sus familiares los irrespetos que sufría constantemente durante la jornada laboral.
“Existen dudas sobre si fue un suicidio”: abogado de familia Marciales
Las dudas alrededor de la muerte de la subteniente Jennifer Marciales continúan creciendo. Esta vez fue el abogado David Felipe Sánchez, representante de la familia de la joven uniformada, quien aseguró que existen elementos que generan incertidumbre frente a la hipótesis inicial de un presunto suicidio planteada tras el hallazgo del cuerpo sin vida en Providencia.
En entrevista con EL HERALDO, el jurista explicó que, aunque inicialmente las autoridades informaron a los familiares que la muerte correspondía a un suicidio, el avance de las conversaciones con allegados y algunos aspectos conocidos dentro de la investigación han abierto nuevas líneas investigativas.
“Actualmente, con lo que se ha logrado conversar con la familia y con lo que fluye dentro de la investigación, se generan dudas que podrían inclinar nuevas hipótesis para determinar si verdaderamente se trata de un suicidio o de un homicidio”, manifestó Sánchez.
El representante judicial aclaró que por ahora no existe una conclusión oficial sobre lo sucedido y que será el dictamen de Medicina Legal el que permita esclarecer aspectos clave dentro del caso.
“Ni siquiera la Fiscalía General de la Nación puede entregar una certeza hasta que exista una prueba científica concluyente y se desarrolle de manera transparente el programa metodológico de investigación”, indicó.
Otro de los elementos que rodean la investigación corresponde a los presuntos episodios de acoso laboral y violencia de género que, según allegados, habría enfrentado la subteniente dentro de la institución.
De acuerdo con Sánchez, sí existen señalamientos hacia una persona específica mencionada por la familia, aunque advirtió que aún es prematuro atribuir responsabilidades.
“Sí existe un señalamiento relacionado con presunto acoso laboral o violencia de género, pero no se puede aseverar que esa sea la única hipótesis relacionada con la muerte de Jennifer”, expresó.
El abogado también confirmó que la familia sostiene que la joven habría puesto en conocimiento de superiores algunas situaciones que venía enfrentando e incluso habría solicitado ayuda institucional.
“Está en investigación cuáles fueron las acciones tomadas y si efectivamente la institución activó o no los protocolos internos que deben aplicarse frente a este tipo de situaciones”, señaló.
Por ahora, la Fiscalía General de la Nación continúa adelantando actos urgentes y labores investigativas para esclarecer qué ocurrió realmente con la subteniente Jennifer Marciales.
“La costeña bacana”
Si había algo que caracterizaba de pies a cabeza a la subteniente Marciales era su carisma. Tanto sus compañeros como la comunidad a la que bien servía destacaban su buen actuar, recordándola como una mujer llena de alegría y empática.
“Todos sus compañeros, gracias a ellos también, porque en medio de toda esta situación, ella tenía muchos amigos en la Policía, personas hasta en la misma comunidad de San Andrés que se han expresado por medio de las redes sociales diciendo que mi hermana era una muy buena agente y también era presta a la comunidad”, explicó.
Y añadió: “Por eso estaban indignadas las personas y muchas personas antes de nosotros hablar ya también hablaban de un acoso porque también hay pruebas de ciudadanos que ven cómo hablaban lenguajes obscenos y demás hacia mi hermana (…) Por el momento nos reservamos para poder esperar a que nos den el dictamen de Medicina Legal”.
Para la familia, la hipótesis del suicidio es una teoría completamente ilógica, ya que la oficial tenía incluso planes organizados como el nacimiento de su sobrino, a quien iba a conocer en el próximo mes de septiembre cuando naciera en la ciudad de Barranquilla.
“Ella no se suicidó. Mi hermana estaba bajo una presión, pero una persona que quiere acabar con su vida no hace planes, ella tenía tiquetes comprados para el nacimiento de su sobrino, venía en septiembre en vacaciones para conocerlo, tenía hasta ropa comprada (…) Por eso no creemos que ella se haya quitado la vida, mi hermana era alegre, la “costeña bacana”, la “chiqui” como le decían sus amigos”, contó.
Instituciones “intocables”
La lideresa social y defensora de derechos de las mujeres, Ruth Pareja, aseguró que la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales no puede tratarse como un hecho aislado y exigió vigilancia estricta de los entes de control frente a la investigación.
“Desde el movimiento amplio de mujeres hemos sido receptoras de estas situaciones que vienen ocurriendo de manera reiterativa. Este no es un caso aislado, lo que pasa es que pareciera que es una institución protegida, una institución intocable donde la justicia no logra llegar”, afirmó.
Asimismo, Pareja cuestionó que, pese a existir antecedentes de denuncias y quejas dentro de la institución, no se hubieran tomado medidas preventivas para proteger a la uniformada.
“Si ya existían antecedentes y denuncias, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué solamente reaccionan cuando ya está el cadáver?”, cuestionó.
Según indicó, este tipo de situaciones responderían a dinámicas de revictimización dentro de instituciones armadas.
“Muchas veces el castigo no se lo dan al victimario sino a la víctima. Hay mujeres que terminan siendo trasladadas o expuestas nuevamente frente a quienes las acosan. Eso demuestra una estructura de poder profundamente patriarcal”, afirmó.
Un historial
En la última década se han registrado distintos casos de abuso y de violencia de género contra uniformadas de la Policía Nacional, nativas de la región Caribe, que habrían terminado con la impunidad y el silenciamiento.
Casos como el de la patrullera de la Policía Nacional, Kelly Rocha Rago, de 23 años, quien murió en extrañas circunstancias en la estación del municipio de Majagual, en Sucre, en septiembre de 2014. Sus familiares siempre insistieron en que el deceso de la joven soledeña fue producto de un asesinato y no de un suicidio.
Años después, en noviembre de 2021, una patrullera de Talento Humano del Departamento de Policía del Atlántico resultó abusada sexualmente por su superior, en ese momento comandante operativo de la Policía del Atlántico. Por este caso, el alto oficial fue retirado de la institución.
En marzo de 2022, una patrullera nativa del municipio de Puerto Colombia denunció abusos sexuales de dos compañeros de la Unidad policial Sipol en la ciudad de Bogotá. La joven se habría retirado de la institución al no encontrar apoyo de sus superiores.
En abril de 2024, una auxiliar de Policía del municipio de Palmar de Varela, Atlántico, denunció un grave caso de abuso sexual en su contra. El presunto autor del ataque, quien ocupaba el cargo de comandante en la referida estación, se encontraba, según los reportes, bajo los efectos del alcohol al momento de perpetrar el abuso. Sobre este caso no trascendió más información.
En diciembre de 2024, una subintendente de la Policía Metropolitana de Barranquilla denunció acoso sexual, laboral y psicológico por parte de dos oficiales en la Mebar, señalando directamente al subcomandante de la institución en ese momento. La uniformada afirmó que, al rechazar insinuaciones sexuales, fue víctima de hostigamiento y presiones que la llevaron a la necesidad de hacer pública su denuncia tras no recibir respuesta institucional adecuada.
En abril de 2025 se reportó el caso de la patrullera María Alejandra Guerrero Montiel, de 22 años y nativa de Hatonuevo, La Guajira. La joven cayó desde la ventana de un apartamento situado en el quinto piso de con conjunto, en la urbanización Caribe Verde.
Sobre este hecho, una investigación preliminar sugirió un supuesto caso de suicidio. Sin embargo, se manejó una segunda versión, entregada por las propias autoridades y la cual también habría sido suministrada por la supuesta pareja de María Alejandra, sobre un posible trastorno de sonambulismo de la joven y, por esa razón, cayó por la ventana del apartamento en el que estaba.
Hoy el caso se investigaría como un caso de violencia de género, aunque, después de un año, no ha habido resultados o no han sido divulgados por las autoridades.
Y en enero del presente año surgió un reporte sobre una patrullera adscrita a la Metropolitana de Barranquilla, quien, en un video, negó haber sido víctima de acoso por parte del comandante operativo de la institución y aseguró que la herida con arma de fuego del oficial fue accidental. Hoy el uniformado ya no hace parte de la unidad policial.
Frente a todos estos casos, la experta en tema de violencia de género exigió respuestas de las autoridades, pues hoy pareciera que todos permanecen silenciados.
