Fuentes de la Dijín de la Policía Nacional confirmaron en la mañana de este miércoles 3 de septiembre a EL HERALDO la ubicación y la detención en la ciudad de Cali del exparamilitar y ganadero pivijayero Saúl Alfonso Severini Caballero, vinculado históricamente por la Fiscalía con el temible Bloque Norte de Las Autodefensas y su cercanía con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
De momento son pocos los detalles del proceso de captura y del lugar donde se ejecutó, pero la unidad policial señaló que el hombre que tuvo el dominio del Frente Pivijay del extinto Bloque Norte de las AUC sería presentado ante un juez de control de garantías para que diera legalidad a los procedimientos realizados.
Cercanía con Jorge 40
Sobre Severini Caballero es abundante la información o los registros que hoy tiene la Fiscalía en su contra, en específico de la conformación del Frente Pivijay de las AUC, el cual se creó para enfrentar a la subversión que buscaba tomarse el extenso municipio del centro del Magdalena.
Históricamente se tiene que a mediados del mes de mayo de 1999, en una finca ubicada en el municipio de San Ángel, el ganadero se reunió con el comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. A este le manifestó que iba en representación de los ganaderos del sector de Pivijay y sus alrededores, quienes aportaron dinero con el propósito de que el grupo ilegal (AUC) hiciera presencia en la zona, ya que estaban siendo víctimas de los grupos insurgentes y la delincuencia común.
De esa manera surgió el Frente Pivijay de las AUC y se postuló como comandante del nuevo grupo armado ilegal a Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias Augusto o Esteban. En aquel entonces partió el grupo ilegal con 20 hombres.
Tras la desmovilización en 2006, a ese grupo se les señaló de al menos 135 hechos de violencia que tuvieron gran impacto en el departamento de Magdalena como el desplazamiento masivo de Santa Rita (16 de octubre de 1999), la masacre y desplazamiento masivo de Nueva Venecia (22 de noviembre de 2000), la masacre y desplazamiento masivo de Trojas de Cataca (10 y 11 de febrero de 2000) y la masacre de Guáimaro (18 de mayo de 2000).
Severini, conocido entonces con el alias de Camilo, fue solicitado por la Fiscalía Sexta Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir, y por la Fiscalía 29 Seccional de Plato por desplazamiento forzado.
En esa línea, luego de la desmovilización de las AUC, fue capturado con armas y equipos de comunicación en una finca a las afueras de Pivijay en diciembre de 2006, señalado de tener vínculos con grupos paramilitares pero su proceso, de manera inexplicable, precluyó.
En la segunda década del 2000, el exmimebro de las AUC se habría mantenido en la clandestinidad, pero, desde la justicia se cocinaba un proceso judicial en su contra por la conducta punible de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
En tal sentido, en enero de 2020, el Juzgado Once Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó en primera instancia a Severini Caballero a 400 meses de prisión por el crimen de Ledys Marina Pertúz Montero, en un hecho criminal que tuvo lugar el 3 de mayo de 2002 en la vía que comunica a los municipios de Salamina y Pivijay en el departamento del Magdalena.
Según consta en el expediente, la víctima se desplazaba en compañía de su hija en un bus urbano en horas de la madrugada siendo interceptado el referido vehículo por miembros de las autodefensas…, procediendo a bajar a las personas del automotor y exigiendo la identificación de aquellas. Luego le dieron muerte a Pertúz por supuesta orden de Severini, al señalarla de ser “auxiliadora de la guerrilla…”.
La lista de los 40
En agosto de 2023, el magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, Gustavo Roa Avendaño, volvió a tocar uno de esos espinosos temas del paramilitarismo al ordenar una compulsa de copias contra 40 personas señaladas por exparamilitares de haber ordenado homicidios e incidido en la desaparición y desplazamiento de pobladores de Pivijay, Medialuna y Salamina, en el departamento del Magdalena.
La decisión del togado se dio en la lectura de la macro-sentencia condenatoria contra al menos 28 exintegrantes del Frente Pivijay del extinto Bloque Norte de las AUC.
En dicho documento se volvieron a ventilar los crudos testimonios entregados en su momento por los postulados a la Ley de Justicia y Paz, pero lo nuevo fueron algunos nombres que, según los propios exparas, no habían rendido cuentas ante la justicia.
Uno de esos nombres que los postulados citaron como “los responsable del 90 % de los homicidios ocurridos en Pivijay, Magdalena, en todo el territorio del Frente Pivijay”, fue el de Saúl Alfonso Severini Caballero.
Entre los testimonios entregados por los exmiembros del extinto frente hubo uno que señaló directamente a Severini.
De acuerdo con lo leído en la sentencia se trató de un hecho cometido entre el sector de Medialuna y Pivijay el 10 de agosto de 2000 y en el que resultó como víctima fatal un hombre llamado Jorge Luis Tatis.
“Nosotros teníamos un retén en la entrada de la finca La Colorada, y venía un bus al cual detenemos y bajamos a este muchacho, nos lo llevamos para los lados de la finca San Carlos, y lo asesinaron y lo incineramos. Íbamos en una camioneta con el comandante Rafael, y la seguridad de él… No recuerdo quién lo asesina, pero lo matan con pistola, 2 o 3 tiros. Luego se incinera con llantas de vehículo, quedó en cenizas en el sitio donde se incineró”, expresó uno de los postulados.
Y aquello fue ratificado por otro de estos sujetos, quien manifestó que “quien le da muerte soy yo con 2 impactos de pistola. Se lleva a una quebrada que está en la finca San Carlos, y se incinera, creo que lo incineró alias Candela. Yo di la orden que lo que quedara después de incinerado, lo tiraran a una quebrada. El motivo de este hecho es una información que nos pasó Saúl Severini, no recuerdo muy bien. Este señor trabajaba con Asoyuca y creo que Saúl dijo que estaba robando...”.
En diciembre del mismo 2023, la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un plazo para que el exjefe del paramilitarismo en el Magdalena hiciera su aporte a la verdad, con miras a que se evaluara si era aceptado en este organismo, pero aquello no se habría cumplido por parte del mismo Severini.
