Todo un revuelo ha causado en la Rama Judicial las recientes capturas de seis presuntos integrantes de una red criminal dedicada al cobro irregular de títulos judiciales en el departamento del Atlántico.
Recordemos que este miércoles 20 de agosto, EL HERALDO reveló en primicia la operación liderada por el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, Dijín, con la cual fueron ejecutadas seis órdenes de captura emitidas por un juzgado local contra el juez Rafael Eduardo Castillo González; el exsecretario de juzgado Dair Enrique Cuadro Crespo; el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro; el abogado Leonardo Rafael Fuentes González, y los particulares Domingo Alberto Altamar Calle y Ronald René Romero Orozco.
Luego de legalizadas las capturas por un juez de control de garantías, diligencia que se llevó a cabo en la noche del mismo miércoles, un fiscal especializado les imputará a los capturados los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Según la autoridad, estas seis personas habrían operado durante más de cinco años un esquema ilícito que permitió la autorización fraudulenta de pagos judiciales, causando un millonario detrimento patrimonial.
Entre los hallazgos de la investigación, desarrollada por expertos peritos de la Dijín durante un año y medio, lograron documentar el funcionamiento de esta red mediante técnicas especializadas de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, lo cual permitió establecer que entre 2016 y 2022, el juez y el entonces secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla habrían autorizado el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros sin legitimación ni derecho alguno, por un valor superior a los 2.000 millones de pesos.
“Entre 2016 y 2022, el juez y secretario de juzgado primero promiscuo municipal de Barranquilla, facilitaron el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros que no ostentaban legitimación ni derecho alguno sobre dichos títulos. A través de análisis periciales en lofoscopia y grafología, se corroboró que las impresiones dactilares y las firmas contenidas en las órdenes de pago correspondían al mismo juez y al secretario del despacho judicial”, explicó una fuente judicial.
Posterior a la diligencia de los trámites, según las autoridades, los funcionarios judiciales “tenían unas personas para cobrar los títulos judiciales”.
“El esquema consistía en ordenar el pago de títulos en procesos que permanecían inactivos o no habían sido cobrados, beneficiando a dos abogados y dos particulares ajenos al proceso judicial y sin poder legítimo para actuar. Uno de los beneficiarios era familiar directo del exsecretario judicial, y figura como uno de los principales receptores de pagos fraudulentos”, confirmó la fuente judicial.
Este medio conoció que las dos audiencias preliminares faltantes contra los detenidos fueron reprogramadas para la próxima semana.
