A mediados de los años 90 el paramilitarismo acentuó su presencia en la Costa Caribe como una estrategia, apoyada por sectores económicos y empresariales, para enfrentar la penetración de la guerrilla, en especial las Farc, lo que dio paso a la aparición de varios bloque de combates, entre estos el Norte al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
El crecimiento político y militar de dicha estructura fue tal que a comienzos de los 2000 llegó a tener 14 frentes, entre ellos el José Pablo Díaz —su nombre de deriva de un oficial (r) del Ejército muerto por el Frente 19 de las Farc que operaba en la Sierra Nevada— el cual encontró su mayor apogeo político, delictivo y criminal bajo el mando, desde 2003, de Édgar Ignacio Fierro Flórez, también un militar retirado, quien usaba cinco alias pero el más conocido y temido fue el de Don Antonio.
Hasta la desmovilización en 2006, el José Pablo Díaz estructuró 10 comisiones que en todo el departamento del Atlántico y el municipio aledaño de Salamina, Magdalena, se dedicaron a extorsionar, a aliarse con políticos para tomarse el poder en alcaldías, concejos y entidades públicas —su principal fortín fue y se denuncia que aún conserva tentáculos en Soledad—, y a asesinar a quienes eran señalados, incluso por entidades estatales como el DAS, de auxiliadores de la guerrilla: sindicalistas, estudiantes y profesores universitarios, funcionarios públicos y líderes comunitarios. Fueron cerca de 600 homicidios.
El 7 de diciembre pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a Don Antonio a 40 años de presión —por beneficios de la Ley 975 de 2005 sólo estará ocho años preso—, a 20 de inhabilidad para ejercer sus derechos y funciones públicas y a una multa de $28.335 millones.
La sentencia fue apelada por la Procuraduría General al considerar que no hubo decisiones de fondo sobre la reparación colectiva de las víctimas del José Pablo Díaz: de manera directa son 1.658 personas, de acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, aunque las comunidades donde operó su aparato criminal también, indirectamente, fueron afectadas.
Una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, a la que tuvo acceso EL HERALDO, acepta que la Procuraduría tiene razón al expresar su inconformismo, por lo que ordena establecer mecanismos que involucren al Estado en actividades tendientes a reparar a los conglomerados sociales que, directamente, recibieron el accionar del grupo delictivo, calificado como 'barbarie' paramilitar.
La Corte definió cinco tareas —diálogos municipales, creación de un Comité de DH en Uniatlántico, elaborar programas de liderazgo social y comunitario, ejecutar una cultura de la legalidad y establecer planes de atención psico-social— para comenzar a curar, en lo posible, las heridas del paramilitarismo en el Atlántico y Salamina.
Esta gran estrategia debe contar con 'mecanismos de seguimiento y evaluación' para que no se convierta en otro saludo a la bandera o, como suele suceder, en buenas intenciones consignadas en una sentencia.
DIÁLOGOS MUNICIPALES. La sentencia ordena protección colectiva de los ciudadanos teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que, por efectos de la Ley de Justicia y Paz, no pueden reclamar que el accionar del José Pablo Díaz les produjo zozobra y miedo por lo que sucedía a su alrededor. Los Municipios deben generar un marco legal que propicie espacios de interlocución para generar confianza en las instituciones y adecuar oficinas de atención y memoria de las víctimas en las que se permita la participación ciudadana.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EN UNIATLÁNTICO. Al considerar que la barbarie de los paramilitares afectó a la Universidad del Atlántico, pues profesores, estudiantes y trabajadores fueron víctimas de la AUC, la Corte ordena instaurar allí un Comité de Defensa de los Derechos Humanos. La institución y la Gobernación deben velar e impulsar esta tarea para reconstruir la confianza y restablecer el tejido social. Además, debe crearse una cátedra sobre el conflicto para que sea impartida en todos los colegios departamentales.
PROGRAMA DE LIDERAZGO SOCIAL Y COMUNITARIO. La principal acción de los paramilitares fue perseguir y asesinar a sectores sociales defensores de los Derechos Humanos. Al señalarlos de subversivos o enemigos muchas de estas personas intimidadas se marginaron de sus actividades. La Corte ordena crear en los Municipios afectados un programa que rehabilite las capacidades y habilidades de los líderes sociales y que estimule la organización social y comunitaria para garantizar la adecuada participación de víctimas y ciudadanos.
CULTURA DE LA LEGALIDAD. Se ordena crear una estrategia departamental de la legalidad para contrarrestar el accionar criminal que el frente José Pablo Díaz impuso en las comunidades, donde desarrolló un modelo ilegal de recaudo de impuestos y otras rentas: protegió sectores a cambio del cobro de ‘vacunas’ en detrimento de tenderos, comerciantes y empresarios de Barranquilla y los municipios; infiltró negocios ilícitos para generar ingresos y lavar activos, y se alió con políticos y contratistas para robarse los dineros públicos.
ATENCIÓN PSICO-SOCIAL. Por la gravedad del daño hay que poner en marcha, entre otros, programas que permitan elaborar el duelo colectivo y que disminuyan los patrones de estigmatización social y discriminación en razón de orientaciones políticas o sociales, diferentes a los tolerados por las AUC. Hay que sensibilizar a las poblaciones sobre los elementos de vulnerabilidad social que facilitaron el señalamiento de las víctimas mediante estereotipos y perjuicios.
Reparación psico-social
Al tener en cuenta la gravedad de los daños sociales y comunitarios que ocasionó el accionar del Bloque Norte del paramilitarismo, a través del frente que comandaba Édgar Ignacio Fierro Flórez, la Sala de Casación Penal estableció que los programas psico-sociales en favor de las víctimas los deben ejecutar equipos interdisciplinarios especializados en tres grupos poblaciones así: Uno, Sitionuevo, Magdalena, y Sabanagrande; dos, Soledad, Malambo, Luruaco, Repelón, Sabanalarga y Barranquilla, y, tres, Ponedera, Galapa, Polonuevo, Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela y Piojó. La incógnita, como nada dijo al respecto, es qué debe hacerse en Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, Suan y Santa Lucía donde los paramilitares realizaron también actividades criminales y delictivas: allí asesinaron y extorsionaron, y en los pueblos costeros, por ejemplo, cobraban gramaje a los narcos por la cocaína que enviaban a EU.
Por José Granados Fernández
@NacionalEH
