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En línea con la postura del presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy criticó la decisión de Ecuador de incrementar al doble los aranceles a productos colombianos. Además, indicó que ya se están adelantando acciones solicitadas por el jefe de Estado, como iniciar el proceso para que Colombia ingrese a Mercosur.

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A través de un mensaje en su cuenta de X, la ministra de Relaciones Exteriores manifestó que “Ecuador, como nación, tiene todo el derecho a definir su propio rumbo; pero romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración que han beneficiado a nuestros pueblos. En lugar de fragmentarse, Latinoamérica necesita hoy unidad, diálogo y una visión compartida para afrontar sus desafíos comunes”.

Asimismo, añadió que “la miopía impulsada por una ideología antiprogresista es un problema. Ya estamos solicitando el ingreso de Colombia al Mercosur”.

Por su parte, el presidente Petro señaló que ha tenido “máxima” paciencia frente a los “insultos” de su homólogo ecuatoriano. También ordenó el regreso al país de la embajadora en Quito, María Antonia Velasco Guerrero, y planteó la posibilidad de que Colombia abandone la Comunidad Andina (CAN).

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“La mayor violencia en Ecuador se concentra en otras regiones alejadas de Colombia, a lo largo de la ruta de la cocaína desde Perú hasta sus puertos. El presidente de Ecuador insulta al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína que en cualquier otro momento de la historia mundial”, expresó Petro en su cuenta de X.

Desde el gobierno de Daniel Noboa, la justificación de la medida se centra en lo que consideran una falta de compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza. Esta decisión se da además en medio de tensiones por el caso del exvicepresidente Jorge Glas, a quien Petro considera un preso político y por cuya liberación ha abogado.

En respuesta, Noboa sostuvo que “lamentablemente, no es posible llegar a acuerdos con quienes no comparten el mismo compromiso en la lucha contra el narcoterrorismo. Desde que adoptamos esta medida, las muertes violentas en la frontera norte han disminuido un 33%. En el futuro, será posible dialogar con un gobierno verdaderamente comprometido con la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico”.

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