El Gobierno nacional expidió el Decreto 0241 del 12 de marzo de 2026, mediante el cual adiciona 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender la emergencia económica, social y ecológica provocada por la intensa ola invernal en varias regiones del país.
La medida se adopta tras la declaratoria de emergencia decretada por el Ejecutivo debido a las afectaciones generadas por el frente frío y las lluvias en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde se han registrado daños en viviendas, vías, instituciones educativas, infraestructura de salud y sistemas productivos.
Uno de los puntos centrales del decreto es el papel de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que será la entidad encargada de coordinar la ejecución de gran parte de los recursos destinados a la emergencia. Según la norma, esta entidad recibirá una adición presupuestal superior a 6,34 billones de pesos, con los cuales liderará las acciones de recuperación temprana, rehabilitación de territorios afectados y articulación con los diferentes sectores del Gobierno.
A través de la UNGRD se coordinarán recursos destinados a múltiples sectores, entre ellos agricultura, educación, transporte, ambiente, vivienda y energía, con el objetivo de garantizar una respuesta integral frente a la crisis. La entidad actuará como articuladora entre las diferentes instituciones del Estado y las autoridades territoriales para ejecutar las medidas necesarias en las zonas afectadas.
Entre las inversiones previstas se encuentran recursos para la recuperación del sector agropecuario, reconstrucción de sedes educativas afectadas, reparación de vías y puentes, atención en salud, soluciones habitacionales y apoyo social a hogares damnificados. La estrategia busca acelerar la atención humanitaria y avanzar en la rehabilitación de las regiones golpeadas por la emergencia climática.
La financiación de esta adición presupuestal provendrá de medidas tributarias adoptadas durante el estado de emergencia, entre ellas un impuesto temporal al patrimonio y la aplicación del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, con los que el Gobierno proyecta obtener los recursos necesarios para afrontar la crisis y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas
