Los gremios empresariales han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas.
En ese sentido, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, dijo que el Decreto 0240 de 2026 convierte la excepcionalidad en atajo: revive y amplía cargas tributarias, y reintroduce por decreto medidas que el Congreso no avaló por la vía ordinaria.
“Además, mezcla de todo un poco: recicla decretos frenados por la Corte, retoma ideas ya intentadas en el Congreso y empuja cambios estructurales en temas propios del legislador. Si la excepción ya sirve para todo, entonces dejó de ser excepción. En vez de ajustar el gasto público, el Gobierno vuelve a cargar al sector productivo. Y eso lo terminan sintiendo los colombianos: menos oportunidades, menos dinamismo y más incertidumbre para las familias”, socializó Lacouture.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que se trata de una movida tributaria “muy peligrosa”, pues se suma a otros retos que enfrenta el país, como el incremento del salario mínimo, los cambios introducidos por la reforma anterior y las modificaciones laborales.
“Es importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que se ha hecho con los incrementos aplicados a las hidráulicas. Todo esto, al final, empieza a poner en riesgo la suficiencia financiera de las empresas”, expresó el dirigente gremial.
Acto seguido, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que fue “apresurada” y “carece de sustento técnico”.
En ello, a su juicio, expresó que fijar tarifas confiscatorias para los sectores minero y financiero es inviable para las empresas.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), manifestó que el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas, particularmente con una tarifa diferencial del 1,6% para el sector minero-energético, más de tres veces la de otros sectores, representa un desincentivo a la actividad de exploración y producción en un sector que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas del país.
“A diferencia del impuesto de renta, que grava las utilidades, el impuesto al patrimonio se aplica sobre los activos acumulados, independientemente de los resultados financieros de las empresas. En la práctica, esto implica que las compañías deben pagar incluso cuando no hay utilidades, afectando directamente la liquidez destinada a inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos”, expuso Pearl.
Añadió que un sector que opera con ciclos de inversión de largo plazo, gravar el patrimonio es, en esencia, gravar la capacidad de invertir. Un régimen fiscal que castiga la inversión castiga el crecimiento económico y el bienestar del futuro de los colombianos.
“Estimaciones del sector sugieren que este impuesto podría representar un valor equivalente al 50% de la inversión en exploración prevista para 2025. Se estima que este impuesto impactaría principalmente las inversiones necesarias para sostener y aumentar la producción, es decir que se dejará de invertir en esa magnitud. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la producción del país viene mostrando una tendencia decreciente, por lo que sin nuevas inversiones esa tendencia podría profundizarse”, puntualizó.
Agregó que de afectarse la inversión en exploración y producción, también se verían comprometidos en el mediano plazo la seguridad energética y los ingresos fiscales del país, ya que se estaría sacrificando producción futura y, con ello, los aportes que el sector genera en impuestos, regalías, empleo e inversión regional.
