La expedición del Decreto 0234 de 2026, que reglamenta la negociación colectiva por niveles en Colombia, ha desatado una gran polémica entre Gobierno, sindicatos y empresarios.
Y es que aunque el Ministerio del Trabajo y las centrales obreras dicen que la norma amplía derechos laborales y fortalece el diálogo social, los empresarios señalan que sus efectos podrían generar presiones económicas adicionales para las empresas y alterar el modelo de negociación laboral vigente.
Según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el objetivo de la norma es materializar compromisos internacionales asumidos por Colombia, particularmente los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueven la negociación colectiva como instrumento central para regular las relaciones laborales.
“La norma busca permitir negociaciones a nivel de empresa, sector o rama de actividad”, sostuvo Sanguino.
En esa misma línea, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, sostuvo que el decreto representa una ampliación significativa del alcance de la negociación colectiva en Colombia, que históricamente ha estado concentrada en el nivel de cada empresa.
“El nuevo esquema permitirá que las negociaciones laborales se desarrollen también por ramas de actividad económica o por grupos empresariales, lo que podría fortalecer la capacidad de organización de los trabajadores en distintos sectores de la economía”, insistió.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la iniciativa busca revivir por vía administrativa, es decir, sin pasar por el Congreso, propuestas que fueron rechazadas durante el debate de la reforma laboral.
“Esta medida podría representar nuevas cargas salariales significativas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que tendrían que asumir obligaciones derivadas de negociaciones en las que no tuvieron representación directa”, explicó el vocero de los comerciantes.
Resaltó que uno de los puntos más polémicos del decreto es que los trabajadores que no estén afiliados al sindicato que negoció en el sector también tendrían que pagar aportes a dicha organización. “Esta disposición desconoce abiertamente el derecho a no asociarse, principio que hace parte de la libertad sindical y está protegido por la Constitución”.
En ese sentido, Cabal advirtió que la medida podría generar un precedente en materia de libertades individuales, al imponer contribuciones a organizaciones sindicales incluso a quienes han decidido no vincularse a ellas.
”Este tipo de cambios en el modelo de negociación laboral deberían debatirse en el Congreso, y no implementarse mediante regulación administrativa, dada la magnitud de sus efectos sobre trabajadores, empresas y el mercado laboral en general”, expuso.
