El Ministerio de Minas y Energía ordenó la devolución de $150.000 millones a usuarios de gas por cobros adicionales en transporte. Estos recursos serían cobrados a Transportadora de Gas Internacional (TGI), que es filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), y a Promigas.
En un comunicado, estas compañías rechazaron la información de la cartera energética sobre supuestos cobros indebidos en el transporte del gas.
Tanto TGI como Promigas manifestaron que han aplicado de manera rigurosa todas las regulaciones que, en última instancia, emanan de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), las cuales incluyen la metodología tarifaria y la tasa de descuento vigente para la actividad de transporte del energético.
Las organizaciones fueron enfáticas en que no han generado un traslado de sobrecostos en el transporte de gas y que, por lo tanto, no tienen por qué pagar $150.000 millones, que fue la suma que presentó el Ministerio de Minas y Energía.
“En laudo arbitral de fecha 11 de febrero de 2026, que decidió las diferencias entre Transmetano y EPM sobre la tasa de descuento aplicable a la actividad de transporte, se concluye que la transportadora ha obrado conforme a la regulación y que, por lo tanto, ha aplicado la tasa correcta”, dijeron.
Agregaron que a la fecha, las compañías transportadoras no han sido notificadas de ninguna decisión administrativa que ordene la devolución de recursos en los términos señalados en el comunicado.
“Una vez se conozcan oficialmente los actos administrativos correspondientes, se procederá a analizar su contenido y alcance con el rigor técnico y jurídico que corresponde y, de ser necesario, acudiremos a las instancias judiciales competentes para garantizar el respeto del ordenamiento jurídico, la seguridad jurídica y las competencias institucionales previstas en la legislación colombiana”, detallaron en el comunicado.
Por último, afirmaron: “Las compañías transportadoras reiteran su compromiso con los usuarios del servicio público de gas natural, con el respeto a la Constitución Política, la ley, la transparencia, y la observancia de las decisiones judiciales y del marco normativo y regulatorio vigente, que son esenciales para garantizar la prestación eficiente del servicio público de gas natural”.
