La lluvia de decretos expedidos en el marco de la emergencia económica para enfrentar la grave situación ocasionada por las lluvias que azotan a varias regiones de Colombia encendió las alertas de algunos gremios, especialmente energéticos.
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En el caso de Acolgén, la presidenta Natalia Gutiérrez advirtió que si bien se está a la espera de analizar a profundidad las normativas, estas podrían significar una intervención a la operación de los embalses, lo que llevó a encender las alertas del gremio.
“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses, y esto es supremamente grave”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.
Asimismo, advirtió que el manejo de los embalses responde a "los contratos de largo plazo" y “para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, enfatizó.
En ese sentido señaló que una eventual intervención “puede poner en riesgo los compromisos de venta de energía a largo plazo y la confiabilidad del país en momentos de sequía”.
El proyecto de decreto que impacta a las hidroeléctricas
Vale mencionar que las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y termoeléctrica ubicadas en las cuencas hidrográficas afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó deberán transferir un 2% adicional de las ventas brutas de energía por generación propia que realicen durante los próximos seis meses.
Lo anterior quedó establecido en el proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que está a la espera de ser firmado por la Presidencia de la República y será evaluado por la Corte Constitucional.
El Ministerio explicó que los recursos recaudados a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) de las jurisdicciones afectadas deberán ejecutarse exclusivamente para la implementación de medidas ambientales y de gestión del riesgo, con el fin de atender o mitigar los efectos de las lluvias que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.
La presidenta de Acolgén enfatizó en que desde antes los recursos se les ha transferido a las CAR, pero advirtió que este 2% tendría otro destino.
“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, explicó Gutiérrez.
Sobre el impacto económico que tendría esta medida, la presidenta de Acolgén afirmó que “en este momento estamos cuantificando eso porque estamos viendo todas las térmicas y todas las hidroeléctricas que están incluidas dentro de las cuencas que está incluyendo el decreto”.
