El centro de pensamiento económico Anif sostuvo en un análisis aunque la intención de la metodología del salario vital -impulsada por el Gobierno y basada en lineamientos de la OIT- apunta a mejorar el bienestar de los trabajadores y reducir la pobreza, su aplicación plantea serias dudas técnicas y riesgos sobre la generación de empleo formal.
En ese sentido, su presidente, José Ignacio López, expuso que la metodología del salario vital presenta algunos vacíos importantes, entre ellos, la falta de claridad sobre los bienes y servicios incluidos en la categoría de “otras necesidades”, que representa cerca de 28% de la canasta, así como la ausencia de ajustes regionales en los costos de vida, esto a pesar que los precios de servicios y vivienda varían significativamente entre ciudades grandes y municipios más pequeños.
“Existen algunos interrogantes respecto a los detalles metodológicos del cálculo del salario vital. La metodología no tiene en cuenta diferencias en la canasta de costos a nivel regional y tampoco explica los bienes o servicios que hacen parte del grupo de “otras necesidades” que incorpora en su estimación”, sostuvo López.
A su vez, señalaron desde el centro de pensamiento que el Gobierno sumó el subsidio de transporte a una canasta que ya completa gastos de movilidad, lo que podría generar una sobreestimación del ingreso necesario.
A partir de cálculos realizados por Anif, estimó el salario vital para una familia promedio de tres integrantes, es decir, el tamaño coherente con las cifras recientes del Dane, y lo comparó con el salario mínimo legal vigente; el resultado de este muestra que para 2026, el salario mínimo supera 18% el salario vital estimado para este tipo de hogar.
“En el caso de hogares unipersonales, la brecha es aún mayor: el salario mínimo estaría 87 % por encima del ingreso requerido para cubrir la canasta definida por la OIT, lo que sugiere que el nivel salarial decretado excede ampliamente las necesidades básicas consideradas por la metodología oficial”, exponen.
Añaden: “En ANIF entendemos la necesidad de que el salario sea superior para hogares con mayores dependientes. Por esta razón, la discusión de política pública debería girar en torno a compensaciones a familias numerosas con menor proporción de ocupados. Esas medidas focalizadas resuelven problemas de suficiencia en vez de crear barreras a la generación de empleo formal. Además, no sobra recordar la naturaleza del tejido empresarial colombiano. Aproximadamente el 98% de las empresas son micro y pequeñas, las cuales se caracterizan por ser intensivas en mano de obra, mantener una baja productividad y con ello, altamente susceptibles al incremento en el costo del personal”.
Por último, indicaron que, si bien el concepto de salario mínimo vital persigue un objetivo deseable de política pública, que es la reducción de la pobreza, sus implicaciones en un mercado laboral como el colombiano pueden terminar por perjudicar a quienes busca proteger.
