Gremios del sector económico y figuras políticas del país calificaron de “irresponsable” y “populista” el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para el 2026.
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El jefe de Estado anunció en la noche de este lunes que el salario mínimo con el auxilio de transporte será de 2 millones de pesos, es decir un aumento del 23,7 %.
Así las cosas, el salario base para los trabajadores será de $1′746.883 más $253.118 de subsidio de transporte.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) rechazó “de manera categórica” la decisión de Petro al considerarla “irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país”.
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“Más aún cuando el propio Gobierno ha decretado una Emergencia Económica. La contradicción es insostenible. No se puede declarar una crisis excepcional y, al mismo tiempo, imponer un aumento del 23%, que golpea directamente al empleo formal y asfixia al sector productivo”, indicó Fenalco en un comunicado.
Mientras que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que con esta medida “se generan riesgos significativos para los hogares colombianos y para la economía del país, particularmente en lo relacionado con el aumento de la inflación y de los precios de múltiples bienes y servicios, el impacto sobre el empleo y las finanzas públicas”.
Agregó la Andi que resulta especialmente preocupante que esta decisión se adopte en un contexto en el que el propio Gobierno ha manifestado encontrarse en una situación de emergencia económica.
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“Las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población la idea de que se están beneficiando sus intereses, cuando en realidad se trata de medidas insostenibles o estructuralmente inconvenientes. Afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”, comentó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Por su parte, el candidato presidencial Juan Manuel Galán dijo que si bien está de acuerdo en que los colombianos merecen un salario mínimo que les permita vivir con dignidad, un aumento del 23,7 % “es irresponsable y expone al país y a los trabajadores”.
“En un país donde más de la mitad vive de la informalidad, este salto no ayuda a la mayoría y sí pone en riesgo el empleo. A quienes están en la informalidad todo se les encarece en un 23,7 % sin que su ingreso suba. Suena bien, pero se paga mal: más informalidad, menos trabajo y la plata rindiendo menos”, sostuvo Galán.
Desde Intergremial Antioquia, con sus 35 gremios afiliados, alertaron por las “repercusiones” que tendrá para la economía nacional “el desmedido aumento del salario mínimo decretado irresponsablemente por el Gobierno”.
“Este salario mínimo excesivamente alto causará presiones inflacionarias al aumentar los costos para las empresas, lo cual llevará a un aumento de precio para los consumidores, disparando la inflación e impactando la vida de millones de familias colombianas”, agregó el representante del gremio.
En la misma línea, el senador Mauricio Gómez Amín consideró que el aumento del salario mínimo del 23 % “se traduce en inflación, quiebras y menos oportunidades laborales”.
“El populismo económico siempre pasa factura.Que sea Dios quien tome el control de Colombia”, publicó en su cuenta de X.
La congresista María Fernanda Cabal comparó a Gustavo Petro con el expresidente venezolano Hugo Chávez, calificando de “populista” la decisión del salario mínimo.
“Esto ya lo vivimos con Chávez: aumentos nominales que destruyen el poder adquisitivo, cierran empresas y empujan a la informalidad. Populismo que nos saldrá muy caro”, escribió en redes sociales.
Asimismo, el exconsul Camilo Rubiano reaccionó al aumento del salario mínimo para 2026, y aseguró, a través de su cuenta de X, que “esta es la antesala de un 2026 lleno de informalidad, desempleo y enfrentamiento social fomentado por un gobierno neocomunista”.
Se cuestionó además si un país en “emergencia económica” es capaz de resistir un aumento del 23 % en el salario mínimo.
