Decisión tomada. La Corte Constitucional optó esta semana por devolver la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro a la Cámara de Representantes para que se repita su cuarto debate.
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Más allá de que dicha ley iba a empezar a regir a partir del próximo 1 de julio, como estaba previsto, se mantienen aspectos clave como los traslados de régimen y la creación de las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai).
Frente a ello, ahora habrá mucho más tiempo para intentar modificar o, en su defecto corregir, errores críticos en la implementación del nuevo modelo.
Dicha devolución por parte de la Corte Constitucional implica que el texto vuelve a ser un proyecto de ley, bajo revisión de la Comisión Cuarta de la Cámara.
De acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO, si se aprueba nuevamente, pasará a conciliarse con la versión anterior y pasar otra vez por control constitucional. Solo entonces se sabrá si la ley es constitucional y podrá entrar en vigencia.
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Ahora bien, hay un largo camino por recorrer en esta movida pensional con varios puntos que aún, hasta la fecha de hoy, no están claros, y uno de esos es la falta de la firma de un convenio entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República.
Durante la Convención Bancaria en Cartagena, realizada por el gremio Asobancaria, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó en una breve mención sobre el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que, de acuerdo con la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, deberá ser administrado, cosa que aún no estaba decidida, incluso si la Corte le hubiera dado luz verde a la ley pensional.
El gerente del Emisor afirmó que el reto que se tiene “es enorme”, por cuanto todavía se debe avanzar en la firma de un contrato interadministrativo entre el gobierno y el Banco de la República para que el Banco pueda iniciar el proceso de selección y contratación de los administradores delegados de los portafolios de recursos.
“Quiero reiterar la disposición que ha tenido el Banco desde que fue expedida la Ley, hace más de un año, para trabajar con la celeridad requerida, y de manera conjunta y coordinada, con todos los actores involucrados”, detalló Villar.
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Sin embargo, resaltó que la capacidad del Banco para cumplir de manera oportuna con el papel que le asigna la Ley dependerá también de la velocidad en que se logren dar muchos pasos previos que no están plenamente bajo la responsabilidad del propio Banco.
Pese a ello, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, manifestó durante esta semana que la entidad ya había recibido en su base de datos los registros de 17,5 millones de colombianos que, según la reforma, pasarían del régimen privado a Colpensiones una vez se aprobara la ley.
“Ya estábamos listos”, dijo Dussán en diálogo con Blu Radio, al contar que el día del fallo tenían reunido a todo su equipo directivo para afinar la preparación tecnológica, administrativa y de personal.
En ese sentido, también dijo que los decretos reglamentarios ya han sido expedidos y están listos para ser ratificados, una vez se resuelva el impase legislativo.
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“Sin lugar a dudas, la reforma pensional puede demorarse un par de meses”, indicó Dussán, al estimar que la entrada en vigencia se daría entre agosto y septiembre, una vez se supere el trámite legislativo y la Corte se pronuncie de fondo sobre el texto definitivo.
Dussán dijo que desde Colpensiones aprovecharán para ajustar la información que le entregan los fondos privados de pensiones a Colpensiones, así como también adecuar las Accai para los desafíos del futuro.
Agregó que, pese a la suspensión de la reforma, se garantizarán los subsidios para los ancianos en extrema pobreza que no lograron pensión, y sean incluidos en el pilar solidario del nuevo modelo pensional.
Lo que viene
¿Qué implica para el Congreso de la República tener que volver a someter a discusión y votación una proposición sustitutiva ya presentada? Esta pregunta la respondió Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, afirmando que el auto –que no es una sentencia– tiene una legislatura completa, lo que implica que tienen a partir del 20 de julio, hasta el 16 de diciembre que es una legislatura, para hacerlo, y explicó que no es todo el Congreso. “La Cámara de Representantes le dé el cuarto y último debate, y también, eventualmente se le dé sesiones extras para poder arreglar los vicios de trámite que se tienen. Sin embargo, hay que entender que es una legislatura, y tienen todo este semestre que se avecina a partir del 20 de julio para subsanar el vicio que en este caso es discutirla, porque no lo han hecho”.
Por su parte, Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, dijo que hay incertidumbre, ya que puede haber efectos tras la suspensión de la ley.
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“Mucha gente ya se trasladó de régimen, eligió un Accai o hizo cambios según lo estipulado por la reforma. Si bien la Corte congeló la vigencia de la norma, no está claro si esos efectos se mantienen o si deben retrotraerse. Eso sería un lío operativo gigantesco”, manifestó.
El presidente de Porvenir, Miguel Largacha, señaló que desde el fondo privado estarán atentos a la evolución del trámite legislativo y preparados para adaptar sus operaciones al marco normativo que se defina, con el fin de contribuir a la consolidación del mejor modelo pensional posible para el país.
Otras preocupaciones
En diálogo con EL HERALDO, la directora de ColCapital, Paola García, manifestó que precisamente los fondos de capital privado, para poder invertir, tienen que buscar inversionistas institucionales, y los fondos de pensiones son el principal proveedor de recursos para los fondos de capital privado.
“Un 46 % de los recursos de los fondos de capital privado que están invirtiendo en el país provienen de los fondos de pensión de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entonces estamos viendo aquí el riesgo de inversiones en todo tipo de sectores en el país”, señaló la directora de ColCapital.
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No obstante, Paola García desea que esta reglamentación, si se llega a dar, permita que el fondo del ahorro y las Accai inviertan en este tipo de sectores.
“Esperamos que pueda existir una equidad en las condiciones de juego. Como vemos ahorita, las AFPs tienen una obligación de invertir el 3 % de sus recursos en fondos de capital privado, y pues, quisiéramos que así quedara para el fondo del ahorro y las Accai, porque si no, lo que vamos a ver es un gran riesgo de que la inversión en el sector real se disminuya, y resulta que este viene siendo un motor de desarrollo económico”, puntualizó la directora de ColCapital.
Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro aseguró, sin decir fecha, que convocará a sesiones extraordinarias en el Senado y en la Cámara de representantes para que se estudie la reforma pensional como lo ordenó la Corte Constitucional.
