Con la confirmación de la suspensión de la regla fiscal en Colombia durante un periodo de tres años, y que será mediante una “cláusula de escape”, nuevamente las alertas para el país se encuentran “al rojo vivo”, puesto que tanto para analistas como expertos esto podría deteriorar la imagen de Colombia en varios puntos importantes como la calificación crediticia, la inestabilidad fiscal, entre otros.
La suspensión de la regla fiscal implica que el Gobierno nacional podrá aumentar su margen de gasto, lo que podría traducirse en mayor inversión pública en infraestructura, programas sociales y reactivación sectorial.
Pero con ello, también se enciende una gran polémica por el manejo poco responsable de las finanzas públicas, la sostenibilidad de la deuda, pero sobre todo la credibilidad ante los mercados internacionales.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, había dicho durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que dicha decisión responde a la necesidad de proteger la estabilidad económica y evitar un freno en el crecimiento proyectado.
“No adoptar esta medida habría puesto en riesgo tanto la estabilidad como el crecimiento económico que se proyecta para el desarrollo del país”, sostuvo.
Ahora bien, sumado a la suspensión de la regla fiscal, también se sube a esta contienda la decisión del Gobierno de presentar ante el Congreso una nueva reforma tributaria, sobre la que el mismo ministro de Hacienda reitera que “es coherente con el planteamiento de hacer un gran pacto fiscal en el país en el cual se comprometan todos los actores de la vida social, económica y política”.
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La nueva reforma tributaria podría estar entre $19.6 y $25.4 billones e incluiría la revisión de la estructura del IVA, además de una “ampliación de impuestos indirectos con bajo impacto sobre la actividad económica”.
En la presentación también se lee que el Gobierno contempla una reducción de los subsidios a la energía y el gas, uso del 1 % de los recursos de las cajas de compensación y la reducción de beneficios tributarios.
También incluiría modificaciones adicionales al impuesto al carbono, IVA para juegos de azar, plataformas e iglesias, junto con impuesto especial de carbón y petróleo.
Con todo este panorama, muchos se preguntan: ¿Hay ambiente? ¿Se puede tener una justificación necesaria para suspender la regla fiscal? ¿Se cumplirán las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo sin la regla fiscal?
Algunas proyecciones
Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno también reveló sus predicciones en materia macroeconómica. En ese sentido, prevén un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7 % para este 2025, lo que significa un leve aumento de 0,1 puntos porcentuales frente a la anterior proyección que fue de 2,6 %. Además, subió su estimación de la inflación de 3,6 % a 4,5 %.
Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda prevén una tasa de cambio promedio de $4.265 para el final de 2025 y un precio del barril de petróleo Brent en USD67,2.
Voces de analistas
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, manifestó que con la confirmación de la suspensión de la regla fiscal, y como quedó el marco fiscal del Gobierno, dijo que día tras día se ven decisiones que alimentan la incertidumbre, contradicen los mensajes oficiales y ponen en riesgo la estabilidad económica del país.
“El momento actual debería llevar al Gobierno a dar señales claras de responsabilidad en las decisiones fiscales y consistencia en el discurso económico. Es lo mínimo para generar confianza, atraer inversión y proteger el empleo”, dijo Lacouture.
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Acto seguido, remarcó que la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, sumada al anuncio de una nueva reforma tributaria equivalente a $19 billones, resulta incoherente frente a un discurso que insiste en que la economía está en recuperación.
“Si hay señales de crecimiento, ¿por qué se recurre a mecanismos de emergencia? Si el gasto está bajo control, ¿por qué más impuestos sin ajustes ni austeridad? Hay que decirlo con claridad:
Colombia no necesita más impuestos ni discursos contradictorios. Necesita reglas claras, coherencia fiscal y decisiones que fortalezcan la confianza, no que la sigan debilitando”, manifestó la presidenta de AmCham.
A su vez, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, expuso que la deuda pública aumentará en 9,6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $173 billones en apenas tres años, en el contexto de una economía que no ha tenido ningún choque interno o externo significativo en ese periodo.
“El recorte del gasto, necesario e ineludible, se deja al próximo gobierno, que heredará unas cuentas fiscales en estado crítico y deberá poner en marcha un plan inmediato de ajuste fiscal”, dijo Mejía.
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Teniendo en cuenta que el Gobierno nacional estima un déficit fiscal de este año en el 7,1 % del PIB, el director de Fedesarrollo estima que el déficit fiscal alcanzará un 7,5 % del PIB, el segundo más alto en 121 años de historia económica moderna, solo superado por el 7,8 % registrado durante la pandemia.
“Es crucial que el Gobierno anuncie un plan de ajuste creíble en la publicación del marco fiscal, con el fin de evitar un deterioro adicional de la prima de riesgo, lo cual tendría repercusiones negativas sobre la recuperación del crecimiento económico”, manifestó Mejía.
Por su parte, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo expresó que la cláusula de escape de la regla fiscal que se decreta por tres años (sin demostrar cual es el hecho inesperado que exige la ley de la regla fiscal para decretar el escape) significa que el esfuerzo de ajuste se deja todo para el próximo gobierno, y que el actual no hace ningún esfuerzo en el terreno de menor gasto burocrático en 2025.
“¿Aceptarán esta pirueta de despedida fiscal los bancos y el mercado que estaban esperando un marco fiscal más riguroso y diferente al que se ha presentado?”, cuestionó Restrepo.
Al exministro le llama la atención negativamente que el Gobierno no considera, sino que más bien rechaza que el programa de ajuste fiscal tenga un ingrediente (así sea mínimo) para “reducir el endemoniado ritmo de gasto público que trae”.
“Todo el ajuste lo hace recaer en más impuestos y en más endeudamiento. Pero cero esfuerzos por disminuir el crecimiento burocrático que trae. El argumento que esgrimió el ministro de Hacienda de que si eso se hiciera se paralizaría la economía, simple y llanamente no es cierto”, cuestionó Restrepo.
El ex director de la Dian Lisandro Junco sostuvo que es poco realista. “Es una nueva fábula fiscal. No refleja los desafíos fiscales y macroeconómicos de Colombia. Usan una excusa mediocre sobre la cláusula de escape de la regla fiscal, supuestamente si no la utilizaban el estado se paralizaría. Tenían que haber disminuido el gasto desde el 2023)”, dijo Junco.
Añadió que habrá debilidad en ingresos tributarios, seguramente por bajo crecimiento y débil gestión de recaudo.
