Los cambios en la política para la prestación del servicio de energía eléctrica que se se plantean en un proyecto de decreto, publicado para comentarios por el Gobierno nacional, podrían enviar señales que desestimulen la inversión y conduzcan a un desabastecimiento de energía en pocos años.
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Así lo asegura el Consejo Gremial nacional en una carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro.
En la misiva firmada por el presidente del Consejo Gremial, Germán Arce, se establece que el proyecto desconoce las reglas para la gestión óptima de recursos por parte de los agentes, así como la evolución e institucionalidad del sector.
'No considera el éxito del modelo de mercado que tiene el país durante las últimas tres décadas, en garantizar la atención efectiva de la demanda de energía, y no da solución a problemas reales que se vienen presentando en la actualidad y que limitan la expansión de la infraestructura de generación y transporte, lo que podría inducir a una crisis que lleve a una involución de nuestro actual sistema', indica la carta.
El Consejo Gremial hace un llamado a trabajar por las soluciones que pueden mejorar la situación de los usuarios en el corto plazo y aclara que intervenciones coyunturales al mercado pueden generar efectos indeseados.
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Particularmente, el proyecto de decreto plantea acelerar el desarrollo regulatorio de asuntos que deben ser abordados por el regulador, tales como la reglamentación del Prestador de Última Instancia (PUI) como mecanismo para asegurar la prestación del servicio cuando no sea posible por parte de la empresa actual y en barrios subnormales; la remuneración de los excedentes de energía de autogeneración en áreas especiales; y la reglamentación de la actividad de agregación de demanda.
Además plantea medidas para la reducción de pérdidas en áreas especiales; la revisión del cobro de energía reactiva para autogeneradores; y la revisión de mecanismos para reducir los costos de coberturas del mercado.
'Al respecto, creemos que el impulso a la actividad regulatoria en estas materias, sin desconocer los avances que ha tenido la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en las mismas en los últimos años, va en el sentido correcto. Sin embargo, el Consejo Gremial Nacional reitera que es fundamental que los cambios de política pública y regulación, en estas y otras materias, se realicen en el marco de la institucionalidad, según las funciones de cada entidad y con estudios y análisis técnicos y económicos que aseguren la prestación de los servicios de energía y gas, sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema o la sostenibilidad de los agentes', expresa el Consejo Gremial.
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Si bien reconoce que el objetivo del proyecto de decreto es loable ya que pretende la reducción de las tarifas de energía para los usuarios finales, considera que la intervención excesiva del mercado, en aspectos relacionados con la formación de precios en los mercados y de contratos, la valoración de recursos y el mercado de garantías, terminará por lograr el efecto contrario, comprometiendo incluso la disponibilidad de los recursos energéticos requeridos para atender la creciente demanda de energía nacional.
Lo anterior, por cuanto el proyecto contiene cambios que buscan abordar una situación coyuntural con modificaciones estructurales del funcionamiento del mercado que pueden afectar los objetivos de la transición energética, y poner en riesgo el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica a futuro, especialmente frente a la alta probabilidad de ocurrencia del Fenómeno de El Niño, que podría conducir a escenarios de racionamiento que generarían perjuicios mayores a los que se obtendrían con la aplicación de medidas como las propuestas.
'Por tal razón, y dada la envergadura de las decisiones que se toman, creemos que la motivación del proyecto resulta insuficiente, a lo que se suma la ausencia de un análisis de impacto normativo que, en términos de la OCDE, permita establecer el costo beneficio de las decisiones anunciadas', agregó el gremio.
