El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que ante los anuncios del Gobierno nacional sobre las inversiones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los posibles efectos fiscales de reformas como la pensional y de salud, el escenario fiscal de mediano plazo mantiene 'un elevado nivel de incertidumbre, que redunda en una alta percepción de riesgo evidenciado en las tasas de interés de la deuda pública'.
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Señala que asegurar la sostenibilidad fiscal del país debe seguir siendo un elemento clave del diseño de las políticas públicas, por lo que es 'imperativo que cualquier reforma cuente con los recursos suficientes para su implementación y no impliquen mayores niveles de endeudamiento para el Gobierno'.
El Comité se pronunció frente a la actualización del plan financiero del Gobierno nacional y señaló que el escenario fiscal presentado depende de que se consoliden los ingresos programados tras la reforma tributaria, tanto en 2023 como en el mediano plazo.
'La desaceleración real de la economía que se supone para 2023 y 2024 podría tener efectos adversos sobre el recaudo esperado', detalló.
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Deuda Pública y gasto
El Plan Financiero contempla ingresos adicionales por $42 billones frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), por el mejor desempeño de la economía, la reforma tributaria y un escenario favorable de ingresos petroleros, lo que permitirá un mejor escenario fiscal en 2023.
'Con los mayores ingresos el Gobierno anunció un aumento del gasto primario, además, estos recursos se utilizarán para cubrir el aumento en el pago de intereses, saldar la totalidad del déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) en 2022, disminuir los requerimientos de financiamiento interno, al tiempo que se logra reducir el déficit fiscal del Gobierno Nacional y obtener un superávit primario de 0,6 % del PIB', señaló el Comité.
Destacó que el escenario fiscal planteado representa un esfuerzo hacia la consolidación fiscal del país y avanza en acercar los resultados fiscales a los requeridos para el cumplimiento de la fórmula de la Regla Fiscal, a partir de 2026.
Sin embargo, recuerda que deuda neta del Gobierno Nacional Central terminó el año pasado en un nivel superior al esperado en el MFMP y el Plan Financiero presenta un ritmo para su disminución que sería más lento que el que se pronosticaba a mediados de 2022.
La mayor carga de intereses continúa siendo una fuente de preocupación, con un aumento de $24 billones en 2022, y un nivel de $68,3 billones para 2023.
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'La dinámica de la deuda dependerá críticamente del comportamiento de las tasas de interés de la deuda pública, hoy en niveles altos, y de la tasa de cambio. Una senda de deuda pública más alta limita la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques inesperados', detalló.
En cuanto al gasto el Comité afirma que tuvo aumento importante durante la pandemia y gran parte de los gastos temporales se volvieron permanentes.
La adición presupuestal que se planea para 2023 aumentará el gasto aún más. El Plan Financiero prevé un gasto primario sin FEPC de $284 billones para 2023, que el CARF estima es cerca de $70 billones superior al que se habría producido si éste se actualizara por inflación, salario mínimo, crecimiento de los ingresos corrientes de la nación y crecimiento del PIB.
Lo anterior pone presión sobre el esfuerzo adicional que tendría que hacerse si los ingresos de la reforma tributaria no se consolidan como permanentes, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas de Balance Primario Neto Estructural (BPNE) en 2024 y los años subsiguientes, y la convergencia hacia el ancla de la deuda.
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Crecimiento económico
Indicó que el supuesto de crecimiento que presenta el Gobierno, si bien es conservador, tiene riesgos a la baja por una mayor debilidad de la demanda externa debido al contexto internacional, y por la posibilidad de que se necesite una política monetaria contraccionista por un período más largo que el previsto anteriormente para anclar la inflación interna.
El CARF resalta el compromiso del Gobierno para saldar el déficit del FEPC dentro del año siguiente al causado, y por continuar la política de aumentos de precio de los combustibles.
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Política de transición energética
Llamó la atención sobre la necesidad de tener presente el riesgo de un menor ingreso petrolero por un precio del petróleo más bajo al consignado en los supuestos del plan, y la interacción de esto con las señales internas adversas a la industria de hidrocarburos.
'Para dar mayor tranquilidad sobre las proyecciones fiscales y de balanza de pagos de corto y mediano plazo, sigue siendo indispensable que el Gobierno publique cuanto antes el plan para la transición energética y de tranquilidad al mercado y, a los actores del sector, sobre la continuidad de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país', indicó el Comité.
Agregó que eliminar la incertidumbre en este frente contribuirá a afianzar las expectativas de los agentes sobre el tipo de cambio, la inversión y el crecimiento, al tiempo que harán más predecibles los ingresos de la Nación tanto a través de los impuestos esperados del sector, como a través del flujo de dividendos de Ecopetrol.
