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Córdoba

Liderazgo social, un oficio de alto riesgo en el sur de Córdoba

Cordobexia revela que 45 líderes han sido asesinados en los últimos cinco años. Clima se enrarece por disputa entre ‘Los Caparros’ y ‘Clan del Golfo’.

El liderazgo social, una postura que refleja el talante de una persona para ponerse al servicio de los demás sin contraprestación alguna, y que por ende debe ser motivo de reconocimiento, admiración y respeto en cualquier sociedad; en Colombia sucede todo lo contrario: es objeto de amenaza, persecución y muerte.

En el caso de Córdoba, departamento del sur de la Costa Caribe, los representantes de la Organización de las Naciones Unidades, ONU, catalogan el liderazgo social como una actividad de alto riesgo.

Las cifras de las autoridades así lo demuestran, la Unidad Nacional de Protección, UNP, mantiene activos 33 esquemas de seguridad a líderes de este departamento para tratar de garantizarles la vida y la integridad a ellos y a sus familias.

A esto se suma los recientes mensajes intimidantes contra ocho líderes y lideresas.

José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascusucor, y directivo del movimiento Marcha Patriótica a nivel departamental y nacional, es uno de los líderes sociales declarado como ‘objetivo militar’ por grupos al margen de la ley.

Recientemente la UNP le renovó el esquema de seguridad que le asignaron hace dos años, cuando su labor al parecer se convirtió en una molestia para las bandas que hacen presencia en la región.

El trabajo que desarrollaba con los campesinos del sur de Córdoba llevó a Ortega a tener el reconocimiento entre su comunidad. Ahora sostiene que la defensa de los derechos humanos que enarboló en el marco del Proceso de Paz en La Habana incrementó las amenazas de muerte en su contra.

“A uno le llegan amenazas por diferentes vías, llamadas telefónicas, panfletos, de manera presencial, o la gente que le dice a uno que lo tienen en el ojo del huracán, que me van a matar; porque nosotros tenemos en las poblaciones gente que nos pone alerta”, manifiesta.

José David Ortega recuerda que en sus primeros años como líder social su trabajo se basó en la reconstrucción del tejido social en el sur de Córdoba, donde las zonas rurales comenzaban a ser repobladas por los campesinos tras el paso amargo de la presencia paramilitar.

“Soy oriundo del corregimiento de San José, Puerto Libertador, esa es una zona donde el Estado no hace presencia, por lo que la misma comunidad es la encargada de organizarse para lograr mejoras, ya sea el arreglo de un camino de herradura o de un puente”, sostiene. Estos territorios estuvieron abandonados por la violencia que se vivió en los años 2000, hasta el 2010, añade.

“Entre el 2010 y 2011 la gente empezó a retornar a las veredas y a tratar de conformar organizaciones que permitieran recomponer el tejido social. Nadie quería ser presidente de JAC ni nada que figurara, por temor a represalias”, señala. “A los campesinos les prohibían que asistieran a las reuniones que yo ofrecía, e incluso a mis amigos les ordenaron que no me dejaran ingresar a sus casas, pero yo trataba de seguir trabajando”, reiteró.  Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo demuestran que en Córdoba han sido asesinados unos 30 líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha. Sin embargo, la Fundación Social Cordoberxia tiene un registro que eleva la cuenta a 45 líderes y lideresas asesinados en los últimos cuatro años.

“Un atentado en mi contra fue a finales de mayo del 2018, día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ese día estuve en la mañana coordinando la movilización de las comunidades hacia las mesas de votación, y por la noche me fui a esperar los resultados electorales en el local de un amigo. Cuando decidí irme a mi casa dos sujetos armados empezaron a perseguirme en moto, me les pude escabullir lanzándome por una quebrada”, rememora.

El caso fue puesto en manos de las autoridades de rigor, y José David Ortega se tuvo que desplazar hacia Montería a la espera de que le asignaran un esquema de protección, según un estudio de seguridad.

“En esa época estaba soltero, vivía con mis papás, mi hermana y un sobrino, pero por ese atentado me tuve que ir de la casa y ya nada volvió a ser igual. El estudio de seguridad recomendaban que me fuera a otra ciudad y me tuve que desplazar a Montería”, dice en tono triste.

Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo, declaró recientemente que él y el organismo que representa rechazan las amenazas contra ocho líderes sociales registradas en la última semana en Córdoba.

Nos duele lo que ocurre, a pesar de los llamados que se han hecho durante los últimos años”, dijo.

Del 2018 al 2020 se han emitido alertas tempranas sobre el riesgo de comunidades en los municipios de San José de Uré, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Moñitos, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, y San Carlos.

Tras la desmovilización de las Farc en la zona ha asumido el control las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas’, también conocidas como ‘Clan del Golfo’, igualmente hay presencia armada de las disidencias de las Farc, ‘los Caparros’, y se ha tenido información del posible regreso del Eln”, aseguró el vicedefensor.

Todo este coctel explosivo de grupos violentos armados, al margen de la ley, convergen en esta región atraídos por el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales. “Estos hechos generan afectaciones como los desplazamientos, en el 2019 se presentaron 14 eventos que afectaron 1.341 hogares, equivalentes a 4.300 personas, de las cuales 1.282 eran indígenas. Mientras que en el 2020 se presentó un desplazamiento masivo en San José de Uré”, recuerda el funcionario.

Con relación a los líderes, la Defensoría ha registrado 85 agresiones contra líderes y lideresas desde el 2016 al 2020, 63 amenazas, 19 homicidios y 19 homicidios de indígenas.

La entidad señala que los líderes que han sido objeto de las recientes amenazas son Águeda Quiñones, Gustavo Copete, Juan Fernández, Sandra Estrella, Israel Aguilar, Alfredo Ramos, Andrés Chica y Yulieth Guzmán Cabria.

Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia, manifestó por su parte que “promover y defender los derechos humanos en Colombia es una actividad de alto riesgo  en un entorno con una débil presencia del Estado en la zona rural”.

Según las estadísticas, Córdoba presenta un índice de pobreza multidimensional del 36,7 por ciento, ubicándose como el octavo departamento a nivel nacional, si se tiene en cuenta que la media nacional es de 19.6 por ciento.

Existe una falta de acceso a servicios básicos adecuados, más la presencia del crimen organizado y generador de violencia de las defensoras y defensores”, precisa Rivero. La representante de Colombia ante la ONU manifestó que la situación hace que se produzcan homicidios selectivos, desplazamientos, reclutamientos, uso de niños y adolescentes, límites a la libertad de la información y agresión a la población civil.

El alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que desde el Gobierno nacional se está trabajando en el desmonte de los grupos al margen de la ley. “La Fiscalía trabaja en 225 casos por crímenes en contra de líderes, de los cuales 60 son sentencias”, asegura. El alto funcionario indicó que además se ha esclarecido el 50.5% con 38 sentencias condenatorias. De los 393 casos de homicidios de defensores, 47 corresponden a homicidio de mujeres defensoras de derechos humanos; el 71 por ciento de casos ha sido esclarecido; y en el 58 por ciento se ha identificado la responsabilidad de los homicidios que realizan los grupos ilegales.

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