Córdoba, entre la violencia y la esperanza por las ‘semillas de la paz’

Más de 2 mil campesinos, antiguos cultivadores de hoja de coca, adscritos al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, han quedado en medio de la guerra desatada por los grupos al margen de la ley que se disputan las economías criminales.

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Campesinos en el sur de Córdoba siembran semillas frutales que fueron enviadas por el Gobierno para sustituir el cultivo de la hoja de coca en esta zona del país. Cortesía
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Más de 2 mil campesinos, antiguos cultivadores de hoja de coca, adscritos al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, han quedado en medio de la guerra desatada por los grupos al margen de la ley que se disputan las economías criminales.

Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, más de 2 mil campesinos en el sur del departamento de Córdoba se acogieron al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, que permitiría una transición de los cultivos ilegales hacia el uso de semillas que germinarían en negocios de paz.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la hoja de coca es el combustible primario de la guerra que hoy se libra contra los grupos al margen de la ley en las zonas rurales y en los centros urbanos donde proliferan las ollas de vicio.

Para el caso de los campesinos del sur de Córdoba, adscritos al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis, la germinación de la ‘semilla de la paz’ se encuentra en medio de un mal clima, no solo por las inundaciones que por estos días generan las lluvias, sino por la crítica situación de orden público que en los últimos 18 meses, ha cobrado la vida de ocho miembros del Pnis en este departamento.

En la actualidad, el Pnis apenas se inicia en el municipio de Tierralta, mientras que en Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, presenta un retraso de un año.

A través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), alrededor de 2 mil familias del sur de Córdoba pudieron certificar la erradicación de 1.020 hectáreas de tierra sembradas con hoja de coca en los municipios antes mencionados, certificación que fue avalada por los veedores internacionales del proceso.

Todo indicaba que las ‘semillas de la paz’ pronto germinarían en el territorio con la sustitución de la hoja de coca por cultivos legales, sin embargo, las condiciones adversas no tardaron en llegar, y se desató una oleada criminal propiciando el desbordamiento de sangre en las calles y los campos.

Recientemente tres miembros del Pnis fueron asesinados en medio de una incursión armada ilegal en  los corregimientos de Versalles y Brazo Izquierdo, zona rural de San José de Uré, a finales del mes de mayo de este año. Según el reporte de las autoridades, habría sido perpetrada por miembros de la banda criminal ‘los Caparrapos’, o ‘Caparros’.

EL HERALDO fue testigo en exclusiva de la llegada de un camión cargado con estas semillas al corregimiento de Juan José, en zona rural de Puerto Libertador, que actualmente fungen como un paliativo ante la situación de espera que se vive en la zona, tras abandonar la siembra de hoja de coca.

Retrasos en la implementación del Pnis

José David Ortega, miembro de la Asociación de Campesina  del Sur de Córdoba, Ascsucor, asegura que la gran mayoría de los afiliados al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos están pasando hambre, pues la implementación tiene un retraso de un año y no se han puesto en marcha los proyectos productivos.

Para el caso de los campesinos de Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador, se entregó la primera fase que consistía en seis subsidios bimestrales equivalentes a $2 millones de pesos, ayuda que fue denominada como asistencia alimentaria.

“Los campesinos están básicamente en los territorios aguantando hambre, subsistiendo con lo que cultivan ellos que es la comida, pero hay otras cosas que se requieren como la ropa, elementos de aseo e incluso los pasajes para que sus hijos puedan ir al colegio”, asegura el líder campesino.

“Lo que se había establecido es que mientras llegaba ese auxilio, los campesinos recibían asistencia técnica para la implementación de los proyectos productivos a corto y largo plazo, pero eso aún no se ha hecho y ahora la gente está en el aire porque la primera fase ya finalizó en estas localidades”, explica Ortega.

Para el caso del municipio de Tierralta, apenas se comenzaron a realizar los pagos de asistencia alimentaria.

“La asistencia técnica ha sido lenta, es decir, esto que se está haciendo ahora se tendría que haber hecho en el año 2018, para que cuando se acabaran los subsidios de las familias la gente generara su sustento de los proyectos productivos”, indica el líder campesino.

Ortega continuó diciendo que “hasta el momento no hay ningún proyecto productivo hecho en el territorio. Nosotros hemos alegado que si bien están formulados los proyectos, los campesinos no comen de papel, y a eso súmele la falta en el tema de la seguridad integral”.

Dentro de los acuerdos establecidos se fijó que los espacios que anteriormente eran controlados por las Farc, fueran ocupados por la fuerza pública. “Sin embargo, vemos que en la zona han entrado grupos residuales lo que ha significado otro retraso más al programa”, indica Ortega.

Luego de varias reuniones con representantes del estado, se instaló una mesa técnica con apoyos no monetarios en los que se otorgaron a los campesinos unas semillas frutales y otras especies para que fueran cultivando mientras se sincroniza el Pnis.

Jader Polo, muerto en incursión armada de los ‘caparrapos’ en  el municipio San José de Uré.
Jader Polo, muerto en incursión armada de los ‘caparrapos’ en el municipio San José de Uré.

Desde la  Alta Consejería para el Posconflicto, de la presidencia de la República, se enviaron semillas frutales a través de Agrosavia.  “Esas semillas frutales fueron adicionales a los acuerdos establecidos. La gente sembró la semilla en los territorios y están esperando pero eso no satisface las necesidades de los campesinos, porque la asistencia técnica no está funcionando”, puntualizó José David Ortega.

Cronología de una oleada violenta

Andrés Chica Durango, defensor de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, recuerda que el 24 de agosto del 2017, en el municipio de San José de Uré se firmó el Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de uso Ilícito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis) y el Desarrollo Territorial.

En representación del Estado, firmó el documento Eduardo Díaz Uribe, director de la Oficina para la Atención Integral de Lucha Contra las Drogas, de la Presidencia de la República, mientras que por la otra parte estuvieron los representantes de las comunidades campesinas, en el marco de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, evento realizado en el municipio de San José de Uré, precisamente la población donde más miembros del Pnis han sido asesinados.

“Había entusiasmo en los campesinos y campesinas que soñaban con remplazar el cultivo ilícito por sembradíos legales con plenas garantías de mercado; por fin saldrían de la encrucijada, de sembrar y recolectar hoja de coca, con presencia de actores armados victimizadores de las comunidades, alejados del progreso y la inversión social en sus territorios”, indica Chica Durango.

En el horizonte quizás se podían vislumbrar  los frutos que darían las semillas de la paz en el sur de Córdoba, sin embargo, en enero del 2018 comenzaron a aparecer nubarrones, y con ellos, las muertes selectivas como el caso del campesino Plinio Pulgarín, de la vereda San Pedrito, perteneciente al corregimiento de Versalles, en el municipio de San José de Uré.

Durante los meses siguientes, los diferentes grupos al margen de la ley han cobrado la vida de otros siete afiliados al Pnis, tres de ellos tan solo en las más reciente incursión armada perpetrada, según las autoridades, por la banda ‘los Caparros’.

“A su paso los violentos, con distintos brazaletes, léxicos y estrujes al alma han arrebatado, solo en San José de Uré a seis de integrantes del Pnis, en el sur de Córdoba. Los más recientes, fueron tres labriegos residentes en los corregimientos Brazo Izquierdo y Batatalito, en zona rural de  San José de Uré”, indica el líder Defensor de Derechos Humanos.

Las víctimas mortales fueron identificadas en su momento como Jader Pertuz, Jader Polo y Luis Fernando Velázquez, quienes según como lo establecieron las autoridades, fueron sacados de sus casas y asesinados ante la mirada impotente de sus vecinos y demás familiares.

“Estas tres vidas arrebatadas más que justicia, gritan medidas que garanticen la vida, la integralidad de los derechos de quienes siguen en los territorios, piden la seguridad para las familias que le han apostado a la Paz con justicia social que en el sur de Córdoba hoy día cuesta tanto creer”, puntualiza Andrés Chica.

Origen de las muertes

Desde la Policía de Córdoba, bajo el mando del coronel Jairo Baquero Puentes, se ha asegurado que se encuentran investigando las causas de la muerte de los miembros del Pnis, tratando de establecer si los ataques sicariales estarían ligados con el hecho de pertenecer a este programa.

“Cuando se presenta un hecho de esta naturaleza, como fue el asesinato de los tres miembros del Pnis, se despliega una investigación y partimos de diferentes hipótesis, el hecho de que pertenezcan a un programa en común es una hipótesis que estamos verificando para establecer si los hechos que sucedieron se registraron como consecuencia de esto”, indicó Baquero Puentes.

Con relación a la oleada criminal registrada por los organismos de vigilancia social, el alto oficial comentó que actualmente hay una reducción significativa del homicidio en el sur de Córdoba, especialmente en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, y San José de Uré.

“Finalizamos un año con incremento de muertes y durante los primeros meses teníamos en promedio 3 y 4 homicidios semanales, pero esas muertes ya fueron controladas”, aseguró.

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