El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su preocupación por la más reciente decisión del Centro Internacional de Resolución de Disputas, que falló a favor de la Concesión Ruta al Mar su litigio contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ordenando el pago de más de $3,5 billones y la terminación anticipada del contrato.
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El mandatario de los cordobeses advirtió que esta situación deja en gran incertidumbre el futuro de proyectos viales estratégicos para el departamento y pone en riesgo avances logrados tras años de gestión e inversión, por lo que le hace un llamado al Gobierno Nacional para que defina responsabilidades y adopte medidas que eviten que el departamento resulte afectado.
“Nos preocupa profundamente que decisiones de este tipo terminen afectando directamente a las regiones. Córdoba no puede ser la que asuma las consecuencias de una situación que debe resolverse a nivel nacional”, señaló Zuleta.
Entre las principales afectaciones que destaca el gobernador están la doble calzada Cereté–Lorica que podría quedar inconclusa, mientras que corredores importantes como las variantes entre La Apartada, San Antero y El Porvenir perderían el mantenimiento garantizado hoy dentro de la concesión.
Además, cerca de 500 kilómetros de vías quedarían nuevamente bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (Invías), de los cuales aproximadamente 350 kilómetros corresponden a la red vial nacional que atraviesa el departamento de Córdoba, por lo que según el gobernador “existe el riesgo de que, al volver estas vías al Invías, no se garantice el mantenimiento necesario y esto se traduzca en deterioro de las carreteras, pérdida de conectividad y obras sin terminar en varios tramos”.
Otra de las preocupaciones de Zuleta Bechara tiene que ver con la continuidad del esquema de peajes, “lo que podría afectar la sostenibilidad financiera del mantenimiento vial en el territorio.
Subrayó que este escenario tiene impactos directos en la competitividad de Córdoba, el turismo y la movilidad de productos agrícolas, además de poner en riesgo miles de empleos directos e indirectos asociados al proyecto.
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“Córdoba ha venido avanzando con responsabilidad en el fortalecimiento de su infraestructura y no puede retroceder. Necesitamos claridad inmediata sobre cómo se garantizará la continuidad de estas obras y el mantenimiento de las vías”, puntualizó el gobernador.
La decisión contra la ANI se produjo el pasado 30 de abril, pero solo hasta el lunes 4 de mayo se conoció públicamente y aún la Agencia no se ha pronunciado sobre el particular.
