Un total de 468 familias se desplazaron desde diferentes zonas rurales del municipio de Puerto Libertador, en rechazo a los constantes roces que se presentan con la fuerza pública por causa de la erradicación forzada de hoja de coca.
La mayoría de las familias que se han movilizado provienen de varias veredas del corregimiento Santa Fe Las Claras y se han concentrado en la Institución Educativa Lucila Godoy, ubicada en la cabecera corregimental, en la subregión del Alto San Jorge, sur de Córdoba.
Este es el segundo desplazamiento que se genera por esta misma causa en menos de un mes, pues hace un par de semanas los querellantes también se tomaron algunos sectores del casco urbano.
De acuerdo con el informe entregado por la Personería Municipal se indica que serían alrededor de 468 familias desplazadas que representan 1.226 personas, entre las que se encuentran menores y ancianos.
El secretario de gobierno local, Rafael Martínez, dijo que 'la información censada por el Ministerio Público está en proceso de sistematización para enviarla a las entidades nacionales correspondientes y responder con ayudas'.
Asimismo, dijo que estos hechos fueron informados a la Unidad Nacional de Víctimas, Cooperación Internacional y la Gobernación de Córdoba para establecer ayudas y soluciones de fondo.
Por estos hechos, el pasado 4 de mayo hubo otro masivo desplazamiento hacia la zona urbana del municipio, pero este se quedó en la cabecera urbana de un corregimiento.
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Rechazo a las vías de hecho
Precisamente este jueves 9 de junio, estuvo en Montería, Hernando Londoño, director de El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, quien rechazó las vías de hecho y aseguró que ningún beneficiario del programa debe tener hojas de coca sembrada.
'Ningún beneficiario del Pnis debe tener sembrada hoja de coca a día de hoy, por lo tanto el argumento de que nosotros somos Pnis y no nos pueden erradicar es falso. En segundo lugar, la pobreza no justifica la ilegalidad de ninguna manera, o sea, en un país donde hay tanta pobreza y tanta dificultad no puede seguir haciendo camino aquel pensamiento de que porque somos pobres tenemos que sembrar hoja de coca', sostuvo al referirse a los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Valencia y San José de Uré.
El directivo argumentó que en Colombia hay 1.500.000 campesinos que no siembran coca y que no necesitan de la coca para subsistir.
'Esto quiere decir que el cuento de que porque yo soy pobre tengo que sembrar coca, porque no hay más que hacer, no es cierto. Adicionalmente porque la coca no trae sino problemas de orden público, sociales, violencia y más miseria. Lo hemos visto, está más que estudiado que el beneficio de la coca no es para el campesino sino para el narcotraficante', aseguró.
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Londoño aseguró que se han sostenido reuniones con entidades gubernamentales, pero no se ha llegado a acuerdos con un 0.8 por ciento de los beneficiarios que han resembrado los terrenos con hoja de coca.
'En el caso de Puerto Libertador hay más de 400 familias que se han desplazado, nosotros hemos tenido varias reuniones con la Gobernación y se ha querido adelantar programas de sustitución voluntaria que hemos llamado ‘Los Hechos a la Medida’, pero al momento de firmar los acuerdos, las familias manifestaron que no estaban interesadas. Y lo que pasa es que las familias siempre reclaman proyectos de sustitución voluntaria cuando llega el Ejército a erradicar, pero mientras tanto no. Entonces eso no es voluntario, eso es bajo la presión que ejerce el accionar de la Fuerza Pública', agregó.
En Córdoba se han erradicado 2.702 hectáreas de tierra, con el cumplimiento de 6.397 familias.
'Nosotros hacemos un llamado a los entes territoriales, los alcaldes, la gobernación para que sigamos luchando y avanzando en proponer estrategias de sustitución voluntaria para quienes realmente quieran pasar a economías legales como cacao, ganadería silvopastoril, cultivos de cítricos, aguacates, entre otros proyectos', dijo.
Además de la asistencia técnica, los productores reciben orientación comercial para llevar sus productos al mercado.
'En los temas de comercialización tenemos varias estrategias, que es la marca Paisana, que recoge todos los productos que nacen de estas actividades de sustitución. Fue lanzada en almacenes de cadena, con stand donde están todos los productos que provienen de la política de paz con legalidad del gobierno del presidente Iván Duque, porque la paz es con hechos. Ya tenemos más de 30 productos en el mercado y estamos a la espera de que 300 más puedan ser certificados por el Invima', sostuvo.
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La última reunión sostenida entre el director del Pnis y los beneficiarios del programa se realizó en el mes de enero, cuando se fijaron algunas metas que se han cumplido y otras que no han avanzado como se esperaba.
'Hemos avanzado en contratar los operadores que faltaban para que el 100 por ciento de las familias tengan listo el operador para que les preste el acompañamiento y los recursos para el producto; y no hemos avanzado en la suscripción de los contratos de derechos de uso y en la autorización de Parque Naturales Nacionales. Eso es algo que tenemos que cruzar con la base de datos de la oficina de parques', concluyó.
En el marco de los programas Pnis se han invertido a nivel nacional $2.3 billones de pesos, de los cuales $103.313 millones de pesos han sido en Córdoba distribuidos en pagos de asistencia alimentaria, con un avance del 100 por ciento; asistencia técnica, con un avance del 93%; huertas caseras, 92%; y proyectos productivos, en un 19%.
De igual manera Londoño no descartó que grupos al margen de la ley estarían obligando a los campesinos a movilizarse para sabotear el programa Pnis.
