Contraloría solicita un mayor esfuerzo fiscal para cumplirle a las víctimas

La Contraloría General de la República, CGR, alertó este jueves 24 de febrero sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las víctimas del conflicto armado, dado que es insuficiente la destinación de recursos fijados en el documento Conpes 4120.

Así lo planteó el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, al intervenir en el marco del Foro ¿Qué ha pasado con los recursos para el Posconflicto?, realizado en Montería, quien aseguró que ya se puso en conocimiento de la Fiscalía el giro de unos $700 millones de pesos a supuestas víctimas de la violencia que figuran como fallecidas ante la Registraduría.

'En el año 2021 detectamos hallazgos fiscales relacionados con cerca de $700 millones de pesos se han girado a personas que aparecen como fallecidas. Hemos enviado copia de estos hallazgos a la Fiscalía y Procuraduría para que se hagan las investigaciones que sean del caso', indicó desde el teatrino de la Ronda del Sinú, el parque lineal más extenso de América Latina.

De igual manera el ente de control hizo un llamado ante la carencia de recursos para indemnizar a todas las víctimas de la violencia en el país.

'En el Conpes que extiende la ley 1448 hasta el año 2031 el Gobierno nacional ha pensado que la financiación es de $142 billones de pesos, pero la Contraloría considera que el esfuerzo fiscal va a ser superior a los $358 billones para cumplir con las 9.300.000 víctimas que hoy hay en el registro de víctimas', sostuvo.

Así las cosas, se necesitan $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años, es decir para el tema de vivienda se requieren unos $51 billones para 1 millón de hogares; en alimentación, es necesaria una inversión de $27 billones, para 1,2 millones de personas; en cuanto a retornos y reubicaciones, unos $15 billones para 1,4 millones de hogares.

También se alertó por la lentitud en materia de procesos de restitución de tierras.

'El tema de tierras es algo que preocupa fundamentalmente a la Contraloría General de la República por varias razones, una porque hace parte de la Reforma Rural Integral que hace parte del punto 1 del Acuerdo. Vemos que hay cerca 135 mil solicitudes de restitución de tierras de las cuales solo cerca del 20 por ciento ha recibido decisiones judiciales. Acá en Córdoba hablamos de 4.025 solicitudes y solo se ha avanzado en el 10 por ciento de esas decisiones', indicó.

El Delegado de la Contraloría continuó diciendo que 'en Córdoba se han detectado anomalías en materia de demoras sobre todo en las entidades que tienen que ver con el reconocimiento y la focalización de las tierras, pero además también por los temas de seguridad que son conocidos en el departamento no se ha podido ir a todos los territorios'.

Aproximadamente a 3 millones de víctimas no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes.

'Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y según nuestros cálculos se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente', subrayó el Contralor Delegado para el Posconflicto.

Otro tema sobre el cual llamó la atención, radica en que la Contraloría ha identificado como riesgo la falta de recursos para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis. 'De $3,5 billones, aún hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones, lo que retrasa la ruta de intervención. En la Región Caribe se atienden con este programa a 8.013 familias, de las cuales 6.397 están focalizadas en el departamento de Córdoba. Así mismo, en la Región Caribe se han sustituido 4.672 hectáreas, de las cuales 2.593 corresponden a Córdoba', puntualizó.