La Procuraduría solicitó a los ministros de Justicia, Margarita Cabello, y de Salud, Fernando Ruiz, la adopción de un protocolo que incluya medidas de vigilancia y control en salud para las personas privadas de la libertad que se les conceda la detención domiciliaria.
'La situación de salud de la población privada de la libertad, no debe entenderse como un asunto de política criminal, sino como un tema de salud pública, que de no controlarse adecuadamente puede representar efectos negativos considerables para el sistema de salud del país', se lee en la misiva enviada a sendas dependencias gubernamentales.
Advirtió el Ministerio Público que teniendo en cuenta que seis establecimientos de la red penitenciaria presentan casos confirmados de COVID-19, se requiere, como parte del protocolo, identificar el estado de salud de las personas que serán objeto de la medida de excarcelación y garantizar un seguimiento médico-sanitario periódico del mismo.
Reiteró por último el ente de control la necesidad de que se definan previamente los lugares donde cumplirán el aislamiento obligatorio y de que se contemplen medidas ante eventuales incumplimientos de las medidas de aislamiento.
