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Vista del encuentro donde la Comisión de la Verdad recibió el informe sobre el desplazamiento de soldados.
Captura de pantalla.
Colombia

Más de 218 mil militares fueron desplazados entre 1985 y 2018

Así lo reveló un informe que recibió la Comisión de la Verdad, donde se expone la situación de los soldados y sus familiares.

A lo largo de 33 años, incluso dos años después de la firma de los Acuerdos de Paz, los militares activos o en retiro y sus familias fueron víctimas del desplazamiento forzado en el país. Durante todo ese período de tiempo el grupo fue despojado de 440.000 hectáreas de sus tierras.

La cifra se desprende del informe que en la tarde de este miércoles recibió la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y que detalla ‘El fenómeno del desplazamiento forzado en miembros del Ejército Nacional y sus familias (1985-2018)’.

El documento fue elaborado por la firma Jaime Arteaga & Asociados (JA&A) y contó con el apoyo de la OIM y de la embajada de Suecia mediante un cruce de los datos que maneja la Unidad de Victimas y las Fuerzas Militares. La investigación recoge datos concretos, cómo el desplazamiento afectó también a las familias de los militares en medio del fenómeno que ha sido empleado por grupos armados como una estrategia sistemática de lograr el control territorial en algunas zonas del país.

El informe detalla que durante el año de la firma de la paz (en 2016), al menos uno de cada cuatro uniformados fue víctima de desplazamiento forzado estando en servicio activo.

Pero a lo largo de los 33 años analizados, según la Unidad para las Víctimas, 218.060 soldados y sus familiares sufrieron el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, y  86 % de los militares tuvieron alteraciones o afectaciones directas en su núcleo familiar, es decir que estas prácticas fueron utilizadas como tácticas de guerra. Pero fue de 1.999 a 2007 donde se dio un recrudecimiento de las tácticas, siendo el año 2002 el que tuvo el pico más alto.

Los militares que sufrieron estos hechos aseguran que fueron cometidos por grupos guerrilleros. “El 95% de los militares y familias encuestadas señalaron que perdieron sus casas y un 69% indicaron que fueron despojados de sus cultivos”.

El informe detalla también que alrededor del 20% de las víctimas de este desplazamiento que han realizado una solicitud a la Unidad de Restitución de Tierras “no han sido reparadas”.

Estefanía Orozco, de la firma Jaime Arteaga y Asociados, señaló que “es fundamental el reconocimiento de la sociedad, las instituciones y las mismas víctimas sobre estos hechos, como una arista más de la complejidad del conflicto colombiano”.

Entre tanto, Carlos Ospina, comisionado de la Verdad, manifestó que el informe contiene “algo doloroso”, pero “es de gran importancia para el país” debido a que recoge lo que pasó en el conflicto armado como un tema que estaba “inviabilizado”.

“Con ese desplazamiento y en el despojo que sufrieron esas familias se fueron y dejaron atrás proyectos de vida, casas, cultivos y ganados, que fueron destruidos y hurtados. Este informe nos muestra algo oculto. Ellos también tuvieron que vivir la zozobra” dijo el comisionado.

En su intervención el  magistrado auxiliar de la JEP, Roberto Vidal López, manifestó la necesidad de que las víctimas que integran el informe “sean reconocidas”, además de que el país “las abrace y que sean reparadas” para que puedan reconstruir sus vidas.

“Este informe nos sirve para avanzar en investigaciones destinadas a establecer los hechos y ver el alcance de los daños que nos permitan entender lo que todo esto provocó en el país.  Hay que conseguir a los responsables y sancionarlos con la observancia de todas las garantías”, precisó el magistrado.

El general Jorge León González Parra, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, fue enfático en señalar que los grupos armados han utilizado sistemáticamente el desplazamiento como un arma de guerra. “El desplazamiento implica el desarraigo de los militares y de sus familias”, dijo.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, durante la presentación del informe expresó su solidaridad con las familias que sufrieron solo porque sus hijos entraron a prestar un servicio a la patria. “Tuvieron que huir para evitar dolores muy profundos. Agradecemos la confianza en la Comisión”.

“Esto nos lleva a hacer una reflexión sobre el sentido del conflicto y sobre cómo las familias campesinas vivieron y sufrieron la victimización en Colombia”, dijo De Roux.

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