En tercer trimestre de 2021 hubo más de 15 mil desplazados en Colombia
Así lo reportó la Defensoría del Pueblo, ente que dio cuenta de que hubo un incremento de 213% en el número de víctimas en departamentos como Bolívar.
La Defensoría del Pueblo informó este miércoles en un comunicado que en el tercer trimestre de 2021 se registraron 21 casos de desplazamiento forzado que afectaron a 15.644 personas.
Durante julio, agosto y septiembre pasados, según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, “un total de 5.266 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en 12 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca”.
Alerta el ente que en comparación con el mismo trimestre (julio, agosto y septiembre) del 2020, en el 2021 se incrementó un 213% el número de familias afectadas (se pasó de 1.682 a 5.266) y en un 107% el de personas (de 7.542 a 15.644).
“Los desplazamientos ocurrieron en los municipios de Ituango y Peque (Antioquia); Montecristo (Bolívar); Santander de Quilichao y Argelia (Cauca); Nuquí, Lloró y Medio San Juan (Chocó); Magüí Payán y Tumaco (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle del Cauca). Entre las víctimas están 8 comunidades afro y 4 indígenas”, se lee en el documento.
Agrega el organismo del Ministerio Público que en el mismo lapso las acciones de las organizaciones armadas impidieron la movilidad de 10.065 personas, que integran 2.454 familias de 38 comunidades, las cuales debieron permanecer confinadas ante el temor de afectaciones a su vida e integridad.
De esta afectación, da cuenta el reporte, “ocurrieron 14 hechos en Caloto (Cauca); Acandí, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Medio San Juan y Nuquí (Chocó); Tumaco (Nariño); Puerto Leguízamo (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca)”.
Sostiene la información que “de manera particular, durante el mes de julio de este año se observó que el Pacífico seguía siendo el epicentro de la disputa territorial armada para resguardar las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal, situaciones que hacen que persistan las dinámicas de riesgo de desplazamiento y/o confinamiento, de desplazamiento masivo forzado y de confinamiento forzado”.
Para el mes de agosto, la Defensoría del Pueblo indicó que observó con preocupación que la población que ha sido desplazada en los eventos masivos, en la región Pacífica del país, iba regresando a sus lugares de origen “sin el acompañamiento de las instituciones competentes, sin garantías de seguridad, de no repetición, de dignidad y dificultades de atención en las zonas receptoras”.
Sostuvo el ente que las comunidades se vieron obligadas a regresar a sus territorios, para velar por sus bienes materiales, cultivos y trabajo.
Camargo, quien en Sincelejo participó en el acto de reconocimiento de responsabilidades por muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado adelantado por la Comisión de la Verdad, calificó como “preocupante” el hecho de que al finalizar el mes de septiembre se mantuvieron las causas que afectan a las comunidades.
Estas causas fueron —explicó— acciones de diferentes grupos armados ilegales por el control territorial a partir de intimidación, amenazas, asesinatos, control social, retenes ilegales, combates con interposición de población civil, utilización de artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos; generando crisis humanitarias en los territorios.
