Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no solo la propietaria, sino algunas personas mayores que como ella repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de doscientos vagones cargados de muertos, e incluso se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compañía bananera no había existido nunca”, escribió Gabriel García Márquez en ‘Cien años de soledad’ sobre la Masacre de las Bananeras perpetrada en el Magdalena a mediados de la primera mitad del siglo pasado.
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A comienzos de esta semana un jurado federal de Florida, EE. UU., ordenó a la multinacional del banano Chiquita Brands, antes United Fruit Company –la misma de la masacre a que hace alusión el Nobel de Literatura colombiano–, señalada de financiar a grupos paramilitares que dejaron miles de muertos, a pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de las AUC.
La decisión de la justicia estadounidense le hace, sin querer, un guiño llamativo y fatal a la novela de Gabo, que cuenta sobre una especie de invisibilización de los crímenes alrededor de la bananera en aquella época, y que ahora viene a dejar, esa decisión, la misma sensación de misterio que parece rodear la actuación de la justicia colombiana que aparentemente ha cojeado en el proceso Chiquita Brands.
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El universo de víctimas de las AUC y de los apoyos financieros que recibió de esta empresa ascendería a 3 mil en el Magdalena y el Urabá. Por ello dice Simons que “es posible que las decisiones del jurado en este caso ayudarán a agilizar juicios futuros. (...) También es posible que el veredicto del jurado en este caso forme un modelo para un acuerdo general (fuera de la corte) en estas demandas”. De hecho, el próximo juicio representativo contra la bananera sucesora de la United Fruit Company comenzaría el 15 de julio con 10 demandantes.
Durante el proceso fallado a favor de los familiares de las víctimas testificaron exparamilitares como Salvatore Mancuso, alias HH y Raún Hasbún, alias Pedro Bonito. Se remonta el caso a 2007, cuando un grupo de víctimas presentó una serie de demandas en tribunales estadounidenses, pero Chiquita Brands pidió que se desestimara porque debía ser juzgado en Colombia. Y en 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito avaló incluir la documentación de Justicia y Paz, y se dio apertura formal al juicio que acaba de concluir, que seleccionó a nueve casos representativos.
Ya desde marzo de 2007, un juzgado de Washington avaló un acuerdo al que la bananera llegó con el Departamento de Justicia para pagar una multa de 25 millones de dólares, tras reconocer que había hecho más de 100 pagos a grupos paramilitares por un total de 1,7 millones de dólares. Pero esa multa no se dispuso para reparar a las víctimas.
La cuestión
Tras conocerse el fallo, el presidente Gustavo Petro cuestionó en Nariño: “¿Por qué es la justicia de Estados Unidos la que llega a la verdad? ¿Y por qué no es la justicia colombiana? ¿Por qué no fue la Fiscalía que tenía la obligación de llevar al fondo de la verdad judicial el proceso del paramilitarismo en Urabá y, por tanto, las acusaciones y confesiones que los mismos paramilitares hicieron alrededor del papel de esta empresa norteamericana que hoy la justicia de los Estados Unidos acusa y condena?”.
EL HERALDO conversó con Elizabeth Dickinson, analista senior en la ONG The International Crisis Group, sobre cómo ve la disyuntiva de las justicias internacional y nacional en este caso.
“Creo que el fallo es histórico y quisiera destacar dos puntos: lo primero es realmente qué triste que no se pudo lograr la justicia dentro de la jurisdicción colombiana, que a las víctimas les tocó luchar por 17 años para recibir la justicia totalmente merecida frente al caso. Y ahora, como segundo punto, manda un mensaje muy importante a todas las demás empresas, nacionales e internacionales, del costo de colaborar con actores del conflicto armado. Sabemos y no es secreto para nadie que hay una problemática de extorsión y pago por parte de empresas a los grupos armados y en muchos casos es por presión, por el miedo de recibir algún tipo de violencia, pero tampoco es excusa pagar ‘servicios de protección’ que terminan aportando y como un combustible del conflicto”, dijo Dickinson.
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Agregó la exreportera de Foreign Policy y The Economist que al final del día el fallo también destaca los riesgos que enfrentan las víctimas y también los retos, “el compromiso que se requiere para encontrar la justicia aun para crímenes de alta gravedad y eso es algo que deberíamos todos contemplar: cómo se pueden mejorar las tasas de impunidad para mandar un mensaje no solo a los victimarios, sino también a las mismas víctimas de que sí hay cómo y por qué denunciar”.
Entre tanto, el abogado penalista Iván Mattar explicó en EL HERALDO que en la justicia colombiana hay vacíos para establecer la responsabilidad judicial de las personas jurídicas, como Chiquita Brands.
“Frente al caso de Chiquita Brands hay que hacer un análisis de contexto histórico, porque es el nombre que adoptó a finales del siglo XX United Fruit Company, y esto es importante porque demuestra que existe un patrón de comportamiento reiterado en esta empresa que tiene que ser analizado en cualquier caso. Hizo parte de la Masacre de las Bananeras al inicio del siglo pasado, es decir, viene con unas condenas reiteradas ante las cortes de los Estado Unidos”, puso de presente el jurista.
El experto en derecho administrativo advierte que, sin embargo, en Colombia no ha habido estas sentencias “y esto obedece a factores tanto sociales como jurídicos: sociales porque esta firma tiene un capital económico muy grande y ha logrado influenciar en diferentes tribunales a través de la historia, pero además en Colombia tenemos un problema particular de ley que impide que esta empresa pueda ser juzgada por lo menos en materia penal por los crímenes que ha cometido, y es que en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, contrario a lo que sí pasa en los Estados Unidos, donde estas empresas pueden ser juzgadas y pueden ser condenadas por sus delitos, mientras que en Colombia nos tenemos que limitar a juzgar a los miembros de estas empresas”.
Y César Niño, doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, sostuvo que la justicia colombiana tardó bastante tiempo en encontrar las responsabilidades y las conexiones “no solo en términos ordinarios, sino de memoria histórica, verdad y reparación. Y encontrar culpable a este complejo industrial sobre el patrocinio paramilitar abre un nuevo capítulo para la justicia colombiana y puede ser la punta del iceberg”.
