El Gobierno informó este viernes que actualmente hay tres circulares rojas de Interpol contra el exjefe de las AUC Salvatore Mancuso, por las cuales debería ser capturado en 194 países del mundo de quedar en libertad.
Informó el Ejecutivo que 'por solicitud de las salas de Justicia y Paz de los tribunales superiores de Barranquilla y Bogotá, están hoy vigentes tres circulares rojas de Interpol' en contra del exparamilitar.
El comunicado, suscrito por los ministerios de Justicia, Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hace énfasis en que con las órdenes de detención internacional que pesan en su contra los países adscritos a la Interpol 'están en la obligación de capturarlo en la eventualidad de que recupere su libertad, como consecuencia de decisiones judiciales que pudieren llegar a producir autoridades extranjeras'.
En la solicitud del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz con funciones de Control de Garantías, se pone de presente que Mancuso es buscado por homicidio en persona protegida, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y desaparición forzada, en medio de un proceso que tuvo radicación en 2017.
Así mismo, el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz con funciones de Control de Garantías, pide su captura por los delitos de homicidio en persona protegida, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y desaparición forzada, a raíz de un proceso abierto en 2016.
Y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, solicita su detención por las conductas de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro, acceso carnal en persona protegida, tortura, toma de rehenes, en un proceso que tiene registros en 2006 y 2014.
El pronunciamiento se hace ad portas de que Mancuso pudiese ser deportado desde los EE. UU. a Italia, país del que también tiene nacionalidad, y en medio de un rifirrafe que hay entre sus víctimas, que piden que cuente toda la verdad; el Gobierno, que exige que venga a Colombia a pagar sus delitos en una cárcel, y la JEP, que inicialmente rechazó su comparecencia.
El Ejecutivo dijo el pasado jueves que si se da una eventual deportación a Italia apoyará las denuncias que formulen las víctimas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
