El Heraldo
Colombia

¿El Gobierno cumple con seguridad de ex-Farc?

La Corte Constitucional afirma que falta trabajar más en este aspecto. El Ejecutivo no comparte el fallo. División en analistas.

Por el asesinato de 303 excombatientes de las antiguas Farc –según Naciones Unidas– desde la firma del acuerdo de paz hasta 2021 –de 306 hasta esta semana según el Partido Comunes–, la Corte Constitucional, con una apretada votación de 5 a 4, declaró el pasado 27 de enero el estado de cosas inconstitucional en torno al bajo cumplimiento de lo pactado en La Habana en materia de garantías de seguridad para la población firmante.

Ante esta decisión, EL HERALDO consultó al alto tribunal –que dijo que solo se pronunciaría por comunicado–, al Gobierno y a constitucionalistas, con el fin de explicar sus posturas o analizar lo actuado en la corporación.

El Gobierno

El alto consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le dijo a este medio que “los fallos de la Corte para los miembros del gobierno del presidente Iván Duque deben acatarse, sin embargo, no compartimos que existieran las razones para que se declarara un estado de cosas inconstitucional, lo mismo que no lo compartieron cuatro de los nueve miembros de esa sala”.

Adicionalmente, comentó, los temas respecto a los que se dieron las órdenes del alto tribunal “todos son temas sobre los que ya veníamos trabajando”.

Se refiere el funcionario, entre otras, a la orden para que “se adopte las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el acuerdo final de paz”; que se inicien los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes gocen de la protección necesaria; se revalúe el riesgo que enfrentan los exguerrilleros y de ser necesarios nuevos esquemas hacer la respectiva contratación de los escoltas; y que se “adopten medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDET y los Programas Integrales de Sustitución que a nivel municipal se han venido ejecutando asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad”.

En este sentido afirma Archila que en el comunicado que se hizo respecto de la sentencia “se anuncia que algunos puntos requieren notificación, y no hemos sido notificados, pero si las órdenes van específicamente en la línea de lo que se dio a conocer en el comunicado, estamos absolutamente preparados para proceder”.

Archila también advierte que de los procesos de desarme que han tenido lugar en Colombia  “el proceso de reincorporación de los antiguos Farc es el proceso en que ha habido menos muertes por cada mil excombatientes”.

Obviamente, concluye el consejero, “cualquier recomendación que ayude a mejorar la seguridad de los excombatientes es bienvenida”.

Los ex-FARC

Pastor Alape, directivo del Partido Comunes, formado por los ex-Farc, señaló en diálogo con este medio que celebran que en la declaración “la Corte reafirma que el acuerdo de paz hace parte de la norma constitucional, es decir, que esté en el bloque de constitucionalidad, y por lo tanto no depende de la voluntad de uno u otro gobierno sino que los obliga a todos a implementar el acuerdo de paz de manera integral y sobre todo a garantizar los derechos de los ciudadanos que están en el proceso de reincorporación”. 

Frente al mandato del alto tribunal de que se disponga por parte del Ejecutivo el presupuesto necesario para la seguridad de los desmovilizados, el delegado al Consejo Nacional de Reincorporación cuestiona: “Como el Gobierno desfinanció todo el proceso de paz, entonces hoy tenemos diversas falencias por falta de institucionalidad. Por ejemplo, en este momento le apagaron más de 27 vehículos a la UNP, y en mi caso completamos ocho días sin el vehículo en el que me movilizaba, me lo quitaron a las 11 de la noche en Medellín”.

Asevera que se trata “a todas luces de falta de voluntad y esto corresponde a acciones al final de un gobierno de descontar las acciones de protección de los firmantes, y eso es un desacato a la declaratoria de la Corte”.

Y en respuesta a las estadísticas oficiales que exhibe el Gobierno y que indican, por ejemplo, que en el proceso de paz con las Auc ha habido 11 muertos por cada mil personas y en el de las Farc 2 por cada mil personas, advierte Alape que “esa no puede ser en ningún momento la argumentación del servidor público: el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos y la vida de sus ciudadanos”.

Constitucionalistas

El constitucionalista Juan Manuel Charry indicó a este diario que no está de acuerdo con la decisión de la Corte “primero porque utiliza el estado de cosas inconstitucional que es una figura muy discutible, creada jurisprudencialmente para extender los efectos de la acción de tutela. Y segundo porque va más allá del riesgo de la vida de las personas y se mete, distorsionado la acción de tutela, a generar una especie de control del cumplimiento del acuerdo final y la tutela no es para eso”.

Retoma el catedrático de la Universidad del Rosario que el alto tribunal defensor de la Carta Política “se excedió: los salvamentos de voto dan cuenta de que no se cumplieron ni siquiera con los requisitos jurisprudenciales de la figura, de manera que desde mi punto de vista fue una extralimitación sin perjuicio de que las acciones de tutela en los casos particulares protejan la vida de las personas que se encuentren amenazadas”.

Por su parte, el experto en derecho constitucional, Eduardo Palencia, encuentra que “el estado de cosas inconstitucional responde a la consideración de la Corte en relación con que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de derechos fundamentales”. 

Y, agrega el profesor de la Universidad Simón Bolívar, que “lo que promueve la decisión es la seguridad de estos excombatientes ante lo que, lamentablemente, es un acuerdo o pacto que no se ha cumplido y en el que no se materializan fines esenciales de la justicia restaurativa como lo son la reincorporación y la reconciliación, que a la postre era lo que se buscaba”.

¿Por qué no estuvieron de acuerdo 4 magistrados?

El primero de los cuatro salvamentos de voto de la decisión fue el del magistrado Jorge Ibáñez, quien argumentó que, entre otras razones, “la permanencia de la figura (del estado de cosas inconstitucional, ECI) o su utilización por lapsos excesivamente prolongados, no solo la desnaturalizan, sino que atentan contra el principio de distribución y el equilibrio de los órganos que integran el poder público que establece la Constitución”.

A su vez, el magistrado Alberto Rojas Ríos puso de presente, entre otros asuntos, que “la sentencia objeto de disidencia no había evidenciado que se hubiera presentado un elevado número de acciones de tutela por parte de la población firmante del acuerdo final de paz”, incumpliendo uno de los requisitos del estado de cosas inconstitucional: el de ser una afectación masiva.

Por su parte, las magistradas Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz indicaron, entre otras cosas, que “cualquier omisión o deficiencia legislativa, administrativa o presupuestal en la implementación de una política pública no habilitaba automáticamente la declaratoria de un ECI. Por el contrario, (...) las falencias debían ser estructurales, evidentes y manifiestas”, agregando que “los mecanismos institucionales que habían sido adoptados por el Gobierno (...), a pesar de haber presentado dificultades propias de la implementación (...), eran razonables (...)”.

Los jalones de orejas del alto tribunal al Gobierno por la seguridad de los excombatientes

La Corte Constitucional, en un comunicado de 25 páginas, hace fuertes llamados de atención al Gobierno en torno al deber ser de la seguridad de los resinsertados. Lo primero que advierte el alto tribunal es “una falta de correspondencia entre la actuación institucional y la normativa expedida (en La Habana) que ha incidido en el bajo cumplimiento del componente de Garantías de Seguridad establecido en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz y en las normas constitucionales y legales que lo desarrollaron”. Señala en este sentido el documento que, por ejemplo, “solo hasta el año 2020, cuando la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SAR) emitió órdenes perentorias, se comenzaron a dar pasos para materializar el componente de garantías de seguridad previsto en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz. Solo en ese momento se dispusieron y ejecutaron recursos suficientes para fortalecer los esquemas de protección necesitados con apremiante urgencia”.

Así mismo, critica la corporación que “poco más de tres años después de creadas las instancias, no se había expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Esto significa que durante todo el tiempo ha existido una institucionalidad paralela que ha servido de marco a las acciones del Gobierno y ha supuesto vaciar de contenido los mandatos incorporados en el Acuerdo Final de Paz desarrollados por normas vinculantes”.

También encontró la Corte que esta “falta de correspondencia” retrasó la asignación y ejecución de recursos indispensables para ofrecer garantías de seguridad a la población firmante e igualmente “ha dificultado diagnosticar los problemas, determinar las localidades y territorios donde las amenazas y muertes se presentan con mayor frecuencia, identificar a los actores y cómplices de estas afrentas, las necesidades y carencias sociales, económicas, culturales e institucionales de la población afectada que requieren ser suplidas por medio de una presencia estatal célere, efectiva e integral”.

Frente a la importancia de la investigación judicial para la materialización del componente de garantías de seguridad, la Sala Plena destacó “la necesidad de contar con pruebas en el propio lugar de los hechos y resaltó que cuando los asuntos quedan sin ser esclarecidos y no llevan a capturas o a una judicialización efectiva, se afecta la confianza de la población firmante”. Y sentencia que “hacer poco o no hacer la totalidad de lo debido, considerando los hechos violatorios de derechos humanos y fundamentales, termina siendo un incumplimiento. Si los deberes adquiridos se hubieren observado a cabalidad, muchos de los sucesos padecidos por la población firmante en los últimos años podrían haber sido evitados”.

Facebook
Twitter
Messenger
Whatsapp
Convierta a El Heraldo en su fuente de noticias
DETECTAMOS QUE TIENES UN BLOQUEADOR DE ANUNCIOS ACTIVADO
La publicidad nos ayuda a generar un contenido de alta calidad
No quiero apoyar el contenido de calidad
X
COMO REPORTAR A WASAPEA
1. Agrega a tu celular el número de Wasapea a EL HERALDO: +57 310 438 3838
2. Envía tus reportes, denuncias y opiniones a través de textos, fotografías y videos. Recuerda grabar y fotografiar los hechos horizontalmente.
3. EL HERALDO se encargará de hacer seguimiento a la información para luego publicarla en nuestros sitio web.
4. Recuerda que puedes enviarnos un video selfie relatándonos la situación.