Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló que tras una cumbre realizada este lunes se acordaron cuatro medidas de aplicación inmediata para enfrentar la sobrepoblación de personas privadas de la libertad en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI), y evitar que esta situación afecte el desarrollo de los procesos penales.
En el encuentro hizo presencia Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien se reunió con el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, y el general William Salamanca, director de la Policía.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Éder, alcalde de Cali, también estuvieron presentes.
Medidas
Se acordó el traslado inmediato de 390 personas privadas de la libertad, que están condenadas, a las que ya se les abrió cupo en centros carcelarios del país.
Además, el Inpec realizará un informe sobre los internos que ya tienen derecho a beneficios como la libertad condicional y la prisión domiciliaria, para demandar ante los jueces de ejecución de penas el pronunciamiento sobre estos sustitutos penales y lograr la obtención de nuevos cupos carcelarios.
Renglón seguido, los alcaldes que asistieron a la reunión se comprometieron a tomar medidas que garanticen la conexión virtual en las estaciones de policía para el desarrollo oportuno de las audiencias preliminares y de juzgamiento para que los procesos avancen con la debida celeridad.
“Adicionalmente se acordó examinar la viabilidad jurídica de crear sitios especiales temporales para privados de la libertad manejados por los entes territoriales como medida inmediata para facilitar que estas personas puedan comparecer a las audiencias con el apoyo logístico de estos”, explicó el magistrado Chaverra.
De acuerdo con el presidente de la Corte, la actual situación carcelaria “representa un drama humanitario, pero también está significando el traumatismo en los procesos judiciales que se adelantan contra estas personas tras no contar con la capacidad suficiente por parte de la Policía judicial para cumplir con las remisiones”.
En este sentido, el alcalde Alejandro Char señaló que está comprometido para “construir con todas las instituciones, junto a los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, soluciones concretas y oportunas que permitan superar este problema, dignificando las condiciones de las personas privadas de la libertad”
De acuerdo con cifras oficiales examinadas durante la reunión en la Corte Suprema de Justicia, en Colombia hay más de 26.500 personas privadas de la libertad en alrededor de 1.500 estaciones de la policía en todo el país.
