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Colombia

Demandan ante la Corte la cadena perpetua

La Comisión Colombiana de Juristas, Ángela Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras acuden a la Constitucional.

La Comisión Colombiana de Juristas y los congresistas Ángela  Robledo, de Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo y Roy Barreras, de La U, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda contra el acto legislativo que establece en Colombia la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños.

Los demandantes dicen que se debe plantear antes un debate integral sobre la respuesta del Estado a las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, "y sobre la necesidad de buscar medidas realmente efectivas para prevenirlas y luchar contra la impunidad".

Para el colectivo de abogados y los parlamentarios la reforma constitucional "no ataca una sola parte, ni mínima, de la impunidad estructural de los crímenes contra los niños, niñas y adolescentes".

Sustentan está afirmación en que de acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la impunidad en los casos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes está entre el 95% y el 98%.

"La reforma de la Constitución que establece la cadena perpetua no protege la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, como dijeron los promotores de esta iniciativa, porque no adopta medidas para su protección o atención ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia", se lee en el documento.

Señala la demanda además que una legislación interesada en proteger efectivamente a esta población debería resolver temas como las medidas para promover y facilitar la denuncia, la atención y reparación para las víctimas a cargo del Estado, reducir la impunidad y las acciones concretas que deben emprenderse para prevenir los crímenes.

"El Gobierno nacional y el Congreso ya tienen competencias para establecer una política pública integral para proteger a los niños, niñas y adolescentes, con alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena de los responsables cuando sus derechos resulten vulnerados. La reforma constitucional que se planteó, reiteramos, no aporta nada para ello", sostienen los autores.

Por último, advierten en el recurso que el Congreso incumplió el procedimiento para la expedición de la reforma, según los demandantes, infringiendo la Constitución y su reglamento interno, por la ausencia de trámite de las recusaciones presentadas en séptimo y octavo debate.

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