La Defensoría del Pueblo anunció este jueves, 4 de abril, que ya establece un riguroso seguimiento a la prestación de servicios de salud a los usuarios de la Nueva EPS y la EPS Sanitas, recientemente intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.
En medio de la inauguración del Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores Públicos, realizado en el municipio de Quibdó, Chocó, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó la determinación de su institución para actuar como observador y alertar sobre posibles riesgos y vulneraciones al derecho a la salud de los más de 17 millones de afiliados a estas entidades.
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'Desde la Defensoría del Pueblo seremos el termómetro de los indicadores de la prestación del servicio a los usuarios de la Nueva EPS y Sanitas EPS (...) Advertiremos de manera oportuna, cuando haya lugar a ello, los riesgos y vulneraciones al derecho fundamental a la salud, y que las intervenciones cumplan la función de mejoramiento', manifestó el alto funcionario.
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En una audiencia defensorial realizada el año pasado sobre las cinco EPS intervenidas, se constató un significativo deterioro en los indicadores de gestión bajo la nueva administración, lo que implicaba un alto riesgo para la salud de los afiliados. Con el objetivo de evitar escenarios similares con la Nueva EPS y Sanitas, la Defensoría informó que han asignado a una delegada para el Derecho a la Salud la tarea de elaborar informes mensuales sobre tutelas, PQR y barreras de atención para verificar la efectividad de las medidas implementadas.
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'Le he encomendado a nuestra delegada para el Derecho a la Salud hacer un informe mensual sobre tutelas, sobre las PQR y las barreras de atención para verificar que las medidas que vayan siendo tomadas sean efectivas, es decir, a favor de los más de 17 millones de usuarios de esas dos entidades promotoras de salud, como también de las que eventualmente llegaran a ser intervenidas', aseguró Camargo Assis.
En este mismo sentido, el defensor del Pueblo subrayó la importancia de la colaboración entre instituciones como el Ministerio Público, sus sedes regionales, la Procuraduría y las personerías municipales en todo el país para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos: 'Lo haremos con nuestras 42 regionales, nuestra Delegada para el Derecho a la Salud, la Procuraduría General y las personerías municipales en todo el territorio nacional. Necesitamos que sea garantizado el derecho a la salud de todos los colombianos'.
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A pesar de las preocupaciones, Camargo expresó confianza en la institucionalidad del Estado y en las decisiones de las altas cortes para salvaguardar el derecho fundamental a la salud de los usuarios de Nueva EPS y Sanitas.
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Finalmente, para garantizar una mejora en la situación actual, la Defensoría del Pueblo anunció que llevará a cabo mesas mensuales con los gerentes de las EPS intervenidas, con el fin de compartir los resultados de su seguimiento detallado y trabajar en la consecución de los requisitos financieros necesarios, como el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas.





















