La entrada en operación de un grupo móvil de seguridad privada contratada por la Alcaldía de Sincelejo con la finalidad de reforzar la seguridad en parques y obras públicas en la capital sucreña ha desatado una fuerte polémica no solo a nivel local, sino nacional.
A los comentarios a favor y en contra de este proyecto que se empezó a visibilizar en la ciudad desde la tarde del sábado 15 de junio, cuando los hombres armados y con uniformes de color negro empezaron a recorrer las calles y avenidas de la ciudad en sus motocicletas negras, se sumó el pronunciamiento del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez.
El funcionario que se pronunció a través de su cuenta X dijo: “La Alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este ‘frente de seguridad’, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”.
Ministro mal informado
Ante esto el alcalde Yahir Acuña Cardales se pronunció a través de los medios de comunicación para defender la contratación con la empresa Vipers Ltda y aseguró que todo es legal.
Indicó que el pronunciamiento del ministro Iván Velásquez Gómez se debe a que ha sido mal informado y en razón a ello anunció que le solicitará al funcionario un espacio para una audiencia con la finalidad de abordar el tema de la seguridad privada móvil desde la ley, la Constitución y los decretos reglamentarios.
No dudó en afirmar que “el señor ministro está mal informado, no tendría otra teoría distinta a esa. Y es que legítimamente él tiene el derecho a preocuparse, pero nosotros los servidores y funcionarios públicos tenemos que actuar dentro del Estado Social de Derecho y no en el estado de opinión”.
Así las cosas, el grupo de seguridad privada móvil que integran hombres, en su mayoría pensionados de la Policía, seguirá prestando su servicio de vigilancia a través de la empresa Vipers Ltda “porque es una cosa completamente legal. Es un tema de complementariedad que está totalmente reglamentada en la ley. Hemos contratado 24 turnos de 8 horas”.
El contrato
Ha dicho el alcalde Acuña Cardales que el contrato N° LP 001-2024, que tiene por objeto la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles de propiedad y a cargo de Sincelejo, está en el Secop a la vista de todo el que quiera revisarlo. Tiene vigencia de 3 años, 7 meses y 17 días sin exceder el 31 de diciembre de 2027.
Reza el contrato que se requiere la prestación del servicio de vigilancia “toda vez que la entidad no cuenta con personal de planta para desarrollar esta actividad y necesita garantizar la seguridad y custodia de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad” y detalla entre esos la sede de la Alcaldía en la Avenida Luis Carlos Galán para sus entradas peatonal y vehicular, parqueadero del Tránsito Municipal, entrada principal del Teatro, Punto Vive Digital Libertad, Casa Verde, los colegios Cielo Azul y Altos del Rosario, Cementerio Central de Sincelejo, Centro de Reparación de Víctimas, Centro del Adulto Mayor en Majagual, Casa del Consumidor, Secretaría de Desarrollo Social, Bodega de espacio público, Centro de Vida en Chochó y la Dirección de Cultura.
Además de los escenarios deportivos, canchas, estadios, plazas y zonas verdes.
¿Qué dice la Policía?
El teniente coronel Jorge Alejandro Murcia, comandante encargado de la Policía en Sucre, dijo que “esta iniciativa del señor alcalde es con una empresa de seguridad privada debidamente registrada en la Superintendencia Nacional de Seguridad. Esas precisiones son importantes y lo que van a hacer es, de cierta manera, que los entornos complejos donde yo por capacidad policial no tengo la forma de ponerle un policía o dos policías ellos van a estar”.
Desacuerdo
Además del ministro de Defensa, también se muestra en desacuerdo con el grupo móvil de seguridad privada de Sincelejo, la Mesa Sucreña por la Paz, que a través de su directivo, Franklin Donado, aseguró que “nunca la autoridad que se da a través de la Constitución y la ley debe ser trasladada a particulares y menos cuando Colombia tuvo de ejemplo a las Convivir; por lo tanto, nosotros como defensores de los Derechos Humanos no estamos de acuerdo con esa medida”, al tiempo que le exige a la Policía, la inteligencia y Fiscalía que cumplan con sus funciones y acaben con la impunidad que genera desmanes.
