La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenó iniciar un proceso penal de oficio (es decir, por iniciativa propia de la entidad) contra el presidente Gustavo Petro.
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La decisión se tomó luego de revisar los mensajes y publicaciones que el mandatario ha compartido recientemente en sus redes sociales, los cuales están relacionados con el ambiente electoral del país.
El objetivo de las autoridades es revisar a fondo si el jefe de Estado cruzó la línea y participó de manera indebida en el debate político actual, un terreno que la ley colombiana tiene estrictamente prohibido para los funcionarios públicos de su rango ante las próximas elecciones presidenciales.
Por qué investigan al presidente Petro por presunta intervención en política
La orden quedó en firme a través de una carta enviada a la secretaría de la Comisión de Acusación, que es el único organismo en el Congreso que tiene el poder legal para investigar a un presidente en funciones debido al fuero especial que lo protege.
En el documento se explica que la apertura de este caso no es opcional, sino una obligación legal. La presidencia de la comisión argumentó que las leyes colombianas (específicamente la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992) les dan la facultad y el deber de actuar de forma inmediata cuando conocen de un posible hecho irregular, sin necesidad de que un ciudadano ponga una queja formal.
Qué leyes y artículos del Código Penal aplican en este proceso de la Comisión de Acusación contra Gustavo Petro
El caso se centrará en un delito muy específico del mapa judicial del país: la Intervención en Política, una conducta que castiga el artículo 422 del Código Penal a los servidores públicos que usan su cargo o influencia para inclinar la balanza en unas elecciones.
Para que el proceso empiece a caminar formalmente, la presidenta de la comisión, Gloria Elena Arizabaleta Corral, le pidió ayuda al secretario de la entidad, Jairo Fabián Corzo Ordóñez.
En su comunicación, Arizabaleta le solicitó abrir oficialmente el expediente para que “se asigne un radicado para esta investigación de oficio y poder de esa manera dar el respectivo trámite”, dando paso así al inicio de la recolección de pruebas.
