El primer reporte del Mecanismo Tripartito del proceso de diálogo con el Ejército Gaitanista indica que, luego de un censo interno realizado por ese grupo armado, no se registra la presencia de niños, niñas ni adolescentes dentro de sus estructuras. Esta información deberá ser verificada y contrastada por las autoridades del Estado.
Asimismo, de acuerdo con el documento correspondiente al periodo entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, en el marco del proceso entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, el censo interno no habría encontrado menores de edad en sus filas.
“En relación con la protección de niñas, niños y adolescentes, el informe señala que, según lo reportado por el (a) EGC, tras la realización de un censo interno, no se identificó́ la presencia de menores de edad en sus filas”, se lee en el comunicado.
Además, el documento aclara que esta conclusión proviene de la información entregada por el propio grupo armado dentro del mecanismo de diálogo. No obstante, la delegada del Gobierno en la mesa, Águeda Plata, enfatizó que “el mecanismo se atiene a lo que dice el censo, y la institucionalidad del estado le corresponde hacer su respectiva investigación y proceder acuerdo con la ley”.
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En la misma línea, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, sostuvo que “esto puede ser, en principio, inverosímil, pero es una realidad, porque lo pueden ver que, en los enfrentamientos, en las capturas, en los bombardeos que ha sufrido el ejército gaitanista, no ha habido un solo menor de edad que haya sufrido afectaciones”.
Por otra parte, el documento resalta el trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señalando que “sostiene y fortalece su oferta institucional en los municipios priorizados con miras a la superación del déficit de derechos y el desarrollo de entornos seguros”.
Asimismo, el balance advierte que los avances del proceso siguen siendo limitados y se concentran principalmente en la fase inicial de organización institucional.
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Entre los progresos mencionados se encuentran la puesta en marcha del Mecanismo Tripartito, la definición de su funcionamiento y la creación de grupos de trabajo en cinco zonas priorizadas: Acandí, Unguía, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en Chocó, y Mutatá, en Antioquia.
“El monitoreo también evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance. No obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria, la coordinación interinstitucional, brindar garantías de seguridad, la incorporación efectiva del enfoque étnico, así como la mejora de la infraestructura para la movilidad y el comercio”, asegura el documento.
En materia de justicia y convivencia, el informe señala la necesidad de reforzar la presencia institucional, especialmente a través de las Casas de Justicia y la apropiación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por parte de las comunidades.
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En cuanto a la acción contra minas antipersonal, se destaca el cumplimiento del compromiso de no interferencia durante el periodo evaluado, sin reportes de incidentes atribuidos al grupo armado.
“El informe también destaca la designación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de un fiscal especializado para el seguimiento de denuncias relacionadas con posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Finalmente, el mecanismo plantea varios retos para la siguiente etapa del proceso, como fortalecer el trabajo pedagógico en las comunidades, ampliar la presencia efectiva del Estado en los territorios, promover una mayor participación de la sociedad civil y mejorar la articulación entre las instituciones nacionales, regionales y locales.
