Pese a que la justicia dictó que la EPS Coosalud debe ser devuelta a sus propietarios y con ello ponerle fin a la intervención del Gobierno, el presidente Gustavo Petro se niega al restablecimiento de la normalidad en la entidad.
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Fue el Tribunal de Bolívar quien determinó que dicha intervención debía suspenderse, sin embargo, el mandatario lejos de acatar la orden arremetió contra la decisión judicial a través de un mensaje en su cuenta de X: “El magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye los criminales”.
El mismo día del pronunciamiento de Petro (17 de abril) Jaime Miguel González Montaño, quien fuera el representante de Coosalud, se trasladó hasta la sede de la EPS en la ciudad de Cartagena con el propósito de asumir sus funciones nuevamente, sin embargo, le fue negado el acceso a las instalaciones.
Sobre esto comentó el abogado de González, Julián Quintana, quien le aseguró a Noticias Caracol que hablaron con el agente interventor y este supuestamente se comprometió a entregar la administración de Coosalud. “Nos sentamos con el interventor, inicialmente dijo que la iba a entregar, porque la orden es inmediata, y no la condicionan. No puede haber una interpretación diferente”.
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Ya antes, el jefe de Estado se había referido a González Montaño tildándolo de “corrupto”, declaraciones que le valieron una multa por sus acusaciones.
“El señor ex gerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, aseveró Petro a mediados de abril.
Y siguió: “La auditoría forense demostró que efectivamente, como dije, fue garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”.
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Luego se refirió a la sanción que le fue impuesta por el juzgado 24 administrativo del circuito judicial de Bogotá, sección segunda, por haber incurrido en desacato de una sentencia de tutela que le ordenaba retractarse de las acusaciones lanzadas contra Jaime Miguel.
“Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía (de Bogotá), pero no me callaré ante el robo de la salud”, sostuvo el presidente que debe pagar una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Petro finalizó pidiendo que “responda el hermano de Pacho Santos y el expresidente Andrés Pastrana, miembros de la junta, porque autorizaron el préstamo leonino al gerente González y porque el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a la EPS que me da la razón”.
